“Las ciudades son de quienes las habitan, no sólo de quienes pueden pagarlas”. Con esa aseveración, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó formalmente la semana pasada la Ley de Arrendamiento Inquilinario y Rentas Justas, Razonables y Asequibles. De inmediato, y desde meses antes cuando se dio a conocer la iniciativa, no faltó quien se rasgara las vestiduras al grito de “¡Es un atentado contra la propiedad privada!”. Ante ello, la mandataria capitalina fue enfática al sostener que la propuesta no contempla congelar las rentas ni eliminar el derecho a la propiedad.

Pero, como siempre, quien jura que la ‘4T’ busca arrebatar inmuebles a sus legítimos propietarios e ‘instaurar el comunismo’ difícilmente cambiará de parecer.

¿En qué consiste el proyecto de ley? Entre los principales aspectos destacan que la renta no podrá aumentar por encima de la inflación (algo que ya estaba en el Código Civil desde 2024, pero que requiere mecanismos adicionales para su cumplimiento), que los propietarios sólo podrán exigir una garantía para celebrar un contrato de arrendamiento (ya no 10 mil requisitos), que la duración mínima de éste será de un año y que todos los contratos deberán inscribirse en un padrón digital. Esto combatiría el mercado negro que, por cierto, ya existe.

Además, se incluye la definición jurídica de........

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