“Odio tener que decir ‘se los dije’, pero… Se los dije”. Palabras más, palabras menos, en esencia eso es lo que señalaron especialistas, opositores, académicos y críticos de la reforma al Poder Judicial, ahora que el gobierno por fin reconoció que era a todas luces inviable empatar la segunda parte de la elección de juzgadores con los comicios intermedios en 2027 y propusiera aplazar la votación judicial y, de paso, enmendar pifias ampliamente señaladas.

“Yo creo que (a) todos los que tuvimos la experiencia de participar nos gustaría tener mayor claridad sobre quiénes son las propuestas y cómo votar”, reconoció el lunes la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, al justificar la iniciativa de reforma de la reforma.

“Más que el costo, es la facilidad para elegir”, argumentó a su vez la presidenta Claudia Sheinbaum. “Para quienes vamos a elegir, que sea más sencilla la votación, y pueda distinguirse quién propone a los candidatos”, abundó.

No fue una ni dos, fueron decenas de voces las que en su momento advirtieron sobre los problemas logísticos que implicaba hacer concurrentes ambas elecciones. Pero ante aquellas puntuales observaciones, la mandataria solo repetía una y otra vez que el objetivo de empatar las jornadas de votación era “ahorrar recursos”, aunque ahora alegue que “no es el costo”.

“Y después (de votar por diputados, alcaldes, etc.), tendrías que moverte a otro lugar a votar por el Poder Judicial. Entonces, pues eso........

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