La imputación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por la Audiencia Nacional ha abierto una grieta profunda en el sistema político ibérico.

No solo por la gravedad de los delitos que se le atribuyen —tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental—, sino porque se expone una laguna legal largamente ignorada sobre qué pueden hacer los expresidentes tras dejar el poder y, al mismo tiempo, golpea directamente al gobierno de Pedro Sánchez, colocando a su coalición ante un dilema de estabilidad y supervivencia políticas.

El juez José Luis Calama sitúa a Zapatero en el centro de una presunta trama que habría influido en decisiones del Estado para el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra en 2021, a cambio de comisiones canalizadas a través de sociedades vinculadas a su entorno.

La causa tiene una dimensión internacional que nace de investigaciones en Francia y Suiza sobre blanqueo de capitales vinculados a Venezuela y se apoya en información de inteligencia proporcionada por Estados Unidos, quien lleva más de un año investigándolo y quizá se la tenía jurada a los socialistas españoles.

La intervención de EU marcó un punto de inflexión y dio sustento........

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