Aunque pareciera que ya pasó el vendaval que significó el episodio de los vuelos de la gobernadora de Quintana Roo, la verdad es que el tema puede seguir.

Si bien la mandataria local reconoció que sí utilizó aeronaves privadas para sus traslados, aunque haya negado que estos se hayan pagado con recursos públicos, hay aún más preguntas que respuestas.

Estas dudas cobran relevancia porque al menos 43 vuelos al extranjero se realizaron en dos aeronaves administradas por la firma PABE-TAX, vinculada corporativamente con el entorno de la empresa Seguritech, proveedor estrella de servicios de seguridad del gobierno quintanarroense.

Agárrese de donde pueda, porque lo de menos es el obvio conflicto de interés que apesta a corrupción: la suspicacia en los pasillos políticos se ubica en los antecedentes de Seguritech, que ha estado bajo el escrutinio de investigaciones periodísticas en torno a sus millonarios contratos con gobiernos estatales, no sólo el de Quintana Roo.

Y si no, recordemos el caso de la llamada “Casa Azul” ubicada en el lujoso barrio Woodlands, en Houston, habitada por el........

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