México enfrenta en estos días dos evaluaciones internacionales que, aunque corresponden a sectores completamente distintos, tienen un punto en común que no debería pasar inadvertido: la capacidad del Estado para supervisar de manera efectiva, la aplicación correcta de las regulaciones vigentes, tener personal especializado y, lo más importante, demostrar que las normas no solamente existen en el papel, sino que se cumplen en la práctica. Nada sencillo, el panorama.

Por un lado está la revisión en materia de Seguridad Aérea y, por otro, la evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre el régimen mexicano de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

En el sector aéreo, el antecedente es suficientemente reciente como para no olvidarlo, porque las consecuencias tuvieron un importante efecto en la economía, un golpe igual impediría que nuevos vuelos y rutas aéreas se pongan en marcha.

Hay que recordar que en mayo de 2021, México perdió la Categoría 1 de seguridad aérea de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), después de que la autoridad estadounidense determinara que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) no cumplía con los estándares internacionales requeridos en materia de supervisión.

La recuperación de la categoría llegó hasta septiembre de 2023, después de más de dos años de trabajo institucional, modificaciones regulatorias y una estrecha colaboración de la industria con la propia autoridad para atender los pendientes.

Fue un periodo particularmente complicado para la aviación mexicana, porque mientras México permaneció en Categoría 2, las aerolíneas nacionales enfrentaron restricciones para abrir nuevas rutas y aumentar frecuencias hacia Estados Unidos. El costo de una deficiencia de supervisión terminó trasladándose a toda la industria y evidenció algo que hoy vuelve a estar sobre la mesa: una autoridad aeronáutica no puede cumplir adecuadamente sus funciones si no cuenta con suficientes........

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