En Washington hay una máxima que vale más que cualquier declaración política: si alguien representa a un gobierno extranjero, tiene que registrarse. No es opcional, es ley. La FARA, vigente desde hace casi nueve décadas, convierte al cabildeo en un ejercicio de transparencia. Ahí están de manera pública en el Departamento del Tesoro, los nombres, los clientes, los montos y los objetivos. Los documentos pesan más que los discursos.

El caso de San Luis Potosí llamó la atención, porque el gobierno de Ricardo Gallardo aparece con contratos por 750 mil dólares con despachos vinculados al entorno de Donald Trump. Drake Ventures y London Global Strategies fueron también registrados por la Secretaría de Desarrollo Económico de San Luis Potosí para labores de desarrollo económico y relaciones gubernamentales, según el registro oficial.

Los mismos registros muestran que México lleva años recurriendo a firmas especializadas para abrir puertas en Estados Unidos, y ojo, es totalmente normal.

Ahí aparece la Cámara Nacional de la Industria Azucarera (CNIAA), en momentos en que el azúcar enfrenta constantes disputas comerciales con Estados Unidos. También figura Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, que aunque no aparece registrado el partido, si lo está la dirección de sus oficinas centrales y opera en ese país con cabilderos.

También el gobierno mexicano de la presidenta Claudia Sheinbaum contrató al despacho Knight Law Firm en medio de la estrategia legal derivada de las investigaciones por lavado de dinero y el combate al tráfico de fentanilo, pero también por temas comerciales en la revisión del T-MEC; e incluso Héctor Sulaimán ha recurrido a este tipo de representación.

La pregunta, entonces, no es quién contrata cabilderos. La verdadera interrogante es si esos contratos generan resultados medibles. En una administración estadounidense donde el acceso político........

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