Mañana se cumple exactamente del golpe más duro que el sistema financiero mexicano haya recibido en años recientes desde Washington, mismo que hoy sigue procesando con cambios en marcha en regulaciones y medidas de prevención de lavado de dinero.

El 25 de junio del año pasado, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encendió las alertas globales al señalar a tres instituciones financieras con sede en México —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa— como entidades de preocupación por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de drogas.

La medida no fue menor. Fue la primera aplicación de las nuevas facultades bajo la Ley FEND Off Fentanyl, una legislación diseñada para cortar de raíz los flujos financieros asociados al fentanilo y otras drogas sintéticas, y que coincidió –paradójicamente– con el mayor decomiso de fentanilo anunciado antier por Omar García, quizás demasiado tarde para esas tres instituciones financieras.

En los hechos, se trató de un “apagón financiero” gradual: restricciones a transferencias, aislamiento del sistema bancario estadounidense y una señal inequívoca de riesgo sistémico, y en la que la Secretaría de Hacienda, a cargo de Edgar Amador, tuvo que enfrentar uno de los mayores retos: que el problema no afectara la operación del sistema y, en la parte positiva, a la vuelta de un año, el reforzamiento de las relaciones con sus pares en Estados Unidos.

Hoy, un año después, las tres instituciones ya no operan. Y aunque el dato por sí mismo marca el cierre de un ciclo, lo verdaderamente relevante es lo que detonó hacia dentro del sistema bancario mexicano.

El primero y más evidente cambio fue el endurecimiento del cumplimiento regulatorio. La banca mexicana —sin excepción— elevó sus estándares de prevención de lavado de dinero (PLD/AML). Los modelos de riesgo transaccional fueron recalibrados, especialmente en operaciones con........

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