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En varias columnas previas he mostrado que Colombia requiere la jurisdicción agraria (JA) porque una justicia especializada y ágil, que comprenda las particularidades del mundo rural, es buena no sólo para el campesinado sino para toda la sociedad: reduce la violencia rural, consolida los derechos de propiedad y fortalece la presencia estatal en los territorios.

La buena noticia es que estamos a punto de lograr esa JA: su creación fue aprobada por una reforma constitucional de 2023; la ley estatutaria, que establece sus elementos esenciales, ya fue aprobada y promulgada. Sólo nos falta una ley ordinaria, que regule las competencias y procedimientos específicos de la JA. El proyecto respectivo ya fue aprobado en las comisiones del Congreso; sólo le falta el trámite en las plenarias.

La mala noticia es que este proyecto está estancado, por lo cual corre el riesgo de hundirse ya que debe ser aprobado antes del 20 de junio. Y ahora la cosa podría complicarse aún más........

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