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El anuncio del entrante Gobierno colombiano de reconocer la pretendida soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental merece algo más que una explicación diplomática: exige preguntar qué gana realmente Colombia y qué está dispuesta a perder.

Colombia y la República Árabe Saharaui Democrática establecieron relaciones diplomáticas en 1985. Fueron suspendidas unilateralmente en 2001 y restituidas en 2022. Hoy, una nueva decisión pretende romper nuevamente esa trayectoria.

El problema no es solamente político. El artículo 9 de la Constitución colombiana establece que las relaciones exteriores se fundamentan en el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos y en el respeto del derecho internacional. El Sáhara Occidental continúa siendo un territorio pendiente de descolonización y la Corte Internacional de Justicia determinó en 1975 que no existía vínculo de soberanía territorial entre Marruecos y el territorio que pudiera afectar el derecho de su pueblo a la autodeterminación.

Hay, además, una responsabilidad que no puede ignorarse. Colombia es miembro del Consejo de Seguridad hasta diciembre de 2027, órgano en cuya agenda figura el Sáhara Occidental como cuestión de paz y seguridad internacionales, al mismo tiempo que como cuestión de descolonización. Que Colombia, desde ese asiento, abandone su tradicional defensa del derecho internacional para respaldar la posición de una de las partes no solo afecta la justicia de la causa saharaui: puede comprometer su credibilidad y su capacidad para contribuir a la paz en una de las regiones más sensibles del planeta.

Las declaraciones oficiales parecen apuntar hacia una lógica transaccional: un eventual tratado de libre comercio y nuevas oportunidades económicas.

Pero aquí conviene hablar claro: ¿otra vez un TLC? ¿No se viene ofreciendo esta posibilidad desde los tiempos de la administración Pastrana? Si esa fórmula no ha producido hasta ahora una relación comercial de verdadera dimensión estratégica, habría que preguntarse por qué ahora debería justificar un giro radical de la política exterior colombiana.

El intercambio bilateral se sitúa, además, en un orden inferior a los 100 millones de dólares anuales.........

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