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Toda crítica al gobierno criminal de Netanyahu suele recibir una réplica inmediata: «Israel es la única democracia de Oriente Medio». La fórmula se repite con tanta solemnidad que ha llegado a ser un axioma incuestionable. Bajo el manto de la democracia se pretende encubrir los crímenes más atroces contra el pueblo palestino. Y cuando esa coartada resulta insuficiente, se recurre a la acusación de antisemitismo y a la memoria de los horrores del nazismo para descalificar cualquier denuncia.

La paradoja es monstruosa: se invoca el recuerdo de un genocidio para desacreditar a quienes denuncian otro genocidio. Y no se trata de una…

La paradoja es monstruosa: se invoca el recuerdo de un genocidio para desacreditar a quienes denuncian otro genocidio. Y no se trata de una acusación exclusiva de los enemigos de Israel: reconocidos historiadores israelíes especializados en el Holocausto, como Amos Goldberg y Omer Bartov, han calificado expresamente de genocidio la devastación de Gaza, donde han muerto decenas de miles de civiles, entre ellos miles de mujeres y niños [10].

Es innegable que en Israel hay elecciones periódicas, partidos políticos, debates parlamentarios y una prensa capaz de criticar al gobierno. Sin embargo, ¿puede llamarse democrático un Estado que mantiene a millones de personas bajo ocupación sin reconocerles el derecho a elegir a las autoridades que deciden sobre sus vidas?

Un sencillo ejercicio kantiano de universalización permite aclarar el punto. Imaginemos que, en las elecciones estadounidenses, se prohibiera votar a los ciudadanos de origen latino de California, Texas y Florida. Nadie en su sano juicio consideraría democráticos esos comicios. Poco importaría que el resto acudiera libremente a las urnas o que los candidatos se insultaran por televisión. Una democracia que excluye a una parte sustancial de la población sometida a su poder tiene un problema que la palabra «democracia» no puede resolver.

La condición jurídica de los ciudadanos y la de los habitantes de un territorio ocupado son distintas. Precisamente por eso, el carácter provisional de una ocupación exige que tenga un fin. Cuando el dominio se prolonga durante generaciones, la falta de ciudadanía se convierte en una coartada perfecta: se gobierna a una población y se invoca su condición de extranjería para negarle la participación en ese gobierno.

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En Cisjordania, Israel controla aspectos fundamentales de la vida de los palestinos: sus desplazamientos, el acceso al territorio y el uso de la tierra. Los colonos israelíes que viven allí pueden votar en las elecciones del Estado que ejerce ese poder, mientras que ese mismo derecho se les niega a sus vecinos sometidos a la bota militar. Unos eligen a las autoridades; otros soportan las restricciones del ejército y contemplan, impotentes, la demolición de sus hogares mientras los asentamientos se expanden año tras año [1, 2].

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