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Solemos repetir que la educación es un derecho como quien recita una verdad incontrovertible. Lo es, por supuesto. Pero basta preguntar quién decide lo que deben aprender los niños para que esa unanimidad desaparezca. ¿El Estado? ¿Los padres? ¿Los profesores? ¿Los propios estudiantes? Todos parecen tener una respuesta y, cosa curiosa, casi siempre consiste en limitar la respuesta de los demás.

En 1916 John Dewey publicó Democracia y educación y sostuvo que la escuela no debía ser un depósito de conocimientos ni el profesor un celador de la memoria. Debía ser, más bien, una pequeña comunidad democrática en la que se aprendiera haciendo, discutiendo y resolviendo problemas. Aquello era más revolucionario de lo que hoy parece: si la democracia se aprende en la escuela, una educación fundada en la obediencia ciega puede enseñar muchas cosas, menos democracia.

Luego vinieron los totalitarismos, la guerra y la comprobación funesta de que la escuela también podía servir para domesticar conciencias, fabricar unanimidades y poner a marchar a generaciones enteras al ritmo de una ideología. No es extraño, entonces, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 hubiera reconocido, en su artículo 26, tres asuntos que suelen citarse por separado aunque formen parte de un mismo problema: toda persona tiene derecho a la........

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