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El intempestivo traslado del preso David Murcia Guzmán de la cárcel La Picota, en Bogotá, a la lejana y poco escudriñada prisión de Palogordo, en Girón, Santander, es otra señal del enorme riesgo que corre la democracia en los tiempos políticos que vivimos: esa que parece ser una simple orden administrativa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), no puede ocultar el interés personal del presidente de la República, quien ha manifestado, en público, el rencor que siente contra el recluso removido por sus subalternos sin motivación expresa. Para quienes no lo recuerdan, Murcia es el mismo que se ha enfrentado a De la Espriella, con delicadas acusaciones en su contra, tanto en el pasado lejano como en el reciente. Como se sabe, un condenado puede ser removido legalmente del sitio asignado para pagar su pena si, primero, existe una situación objetiva que explique la decisión; segundo, se presentan los respectivos soportes jurídicos; y, tercero, se expiden y registran las autorizaciones correspondientes. En otras palabras, el INPEC está facultado para ordenar el cambio de una “PPL” (persona privada de la libertad) como se les denomina a los “internos” en nuestro país, si llena las condiciones exigidas. Y eso no ocurre de la noche a la mañana durante un fin de semana en que el penado desaparece de su celda por unas horas y aparece, enigmáticamente, en otro lugar, sin conocimiento de nadie, ni siquiera de su abogada defensora Sondra Macollins, que hoy le ruega al Gobierno que le respete la vida........

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