La prolongación de la vida útil de las centrales nucleares españolas, ahora le ha tocado el turno a Almaraz, ha reabierto un debate que, con demasiada frecuencia, se plantea en términos ideológicos. Los defensores de la extensión subrayan su contribución a la seguridad de suministro, a la reducción de emisiones y a la contención del precio de la electricidad. Sus detractores insisten en los riesgos tecnológicos, la gestión de los residuos radiactivos o el posible efecto desincentivador sobre las energías renovables.

Sin embargo, se soslaya una cuestión que la experiencia europea considera muy relevante. El debate decisivo no es si las centrales pueden operar tres o diez años más —los organismos reguladores de numerosos países europeos ya han concluido que, con las inversiones adecuadas, pueden hacerlo con seguridad—. La verdadera cuestión es bajo qué régimen económico deben operar durante ese periodo adicional. La extensión de vida de las centrales nucleares puede tener, y en mi opinión lo tiene, un balance global positivo para la economía española en su conjunto, pero redistribuye rentas entre tecnologías y agentes económicos.

Con el calendario actual de cierre, las centrales nucleares españolas tienen un horizonte temporal conocido, ahora modificado para Almaraz. Desde el punto de vista financiero, el valor residual de estos activos a la fecha prevista de cierre es prácticamente nulo. Una vez alcanzada la fecha de cierre, dejan de generar ingresos.

Es cierto que existe un importante coste de desmantelamiento y de gestión de los residuos, pero ese pasivo no recae directamente sobre los propietarios de las centrales, ya que el sistema español prevé su financiación mediante el Fondo para la Financiación de las Actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, gestionado por ENRESA y alimentado durante la vida operativa de las instalaciones.

¿Qué ocurre cuando el Gobierno decide autorizar años adicionales de........

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