Una economía moderna se sostiene sobre pilares que no son negociables. No se trata de ideología, ni de preferencias políticas, ni de debates estéticos. Se trata de fundamentos. Y entre esos fundamentos hay dos que resultan imprescindibles para cualquier sociedad que aspire a la prosperidad: el respeto a la propiedad privada y la seguridad jurídica.

Cuando cualquiera de esos dos elementos se pone en cuestión, el daño no es puntual ni sectorial. Es estructural. Porque, en el momento en que se transmite el mensaje de que la propiedad legítimamente adquirida puede quedar suspendida, limitada o, directamente, vulnerada por decisión política, el resultado es inmediato: cae la inversión, se retrae la actividad económica y se deteriora la confianza. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en España.

La moratoria de desahucios que Sánchez quiere prorrogar se presentó en su origen como una medida extraordinaria, justificada por un contexto excepcional. Pero el problema de las medidas extraordinarias es que, cuando se convierten en permanentes, dejan de ser una respuesta de emergencia y pasan a ser una forma de gobierno.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mostrado reiteradamente su interés en seguir prorrogando esa moratoria. Y con ello no está protegiendo a los vulnerables: está perjudicando a los propietarios, alterando las reglas básicas del contrato y debilitando el........

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