La reforma del sistema de financiación autonómica es necesaria, como ya he escrito en estas páginas. El modelo vigente lleva años caducado y todos los gobiernos han reconocido la necesidad de actualizarlo para adaptarlo a la evolución demográfica, económica y competencial de las comunidades autónomas. Precisamente por la trascendencia de esa reforma, el procedimiento seguido resulta tan importante como el contenido del propio acuerdo.

Por ello, el borrador que el Gobierno ha planteado para articular un régimen singular para Cataluña nace con un problema de origen: no responde a una reforma integral del sistema, sino a una negociación bilateral que, de prosperar, alteraría el equilibrio sobre el que descansa la financiación del conjunto de las comunidades autónomas.

La financiación autonómica no puede convertirse en la consecuencia de acuerdos políticos coyunturales. Debe responder a principios objetivos de suficiencia financiera, corresponsabilidad fiscal, solidaridad interterritorial, ordinalidad allí donde resulte aplicable, igualdad de acceso a los servicios públicos fundamentales y lealtad institucional. Cuando esos principios se subordinan a necesidades parlamentarias, el sistema pierde legitimidad y se resiente la confianza entre administraciones.

No se trata de discutir si Cataluña tiene o no reivindicaciones legítimas sobre su financiación. Como cualquier otra comunidad autónoma, puede plantear las modificaciones que considere oportunas. El........

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