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Sánchez se coló: este es un país de pequeños propietarios

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03.10.2026

El lunes, 28 de enero, quedará marcada en el calendario como el principio del fin del caso Maricarmen. Ricardo Alonso, el copropietario de Urbagestion, la pequeña gestora que desalojó a Maricarmen, llegó a su casa sobre la media noche después de una maratoniana jornada. Desde primera hora de la tarde había permanecido reunido en el Ayuntamiento de Madrid con los representantes legales de su inquilina. Luego abandonó el consistorio como había llegado, a bordo de un furgón policial con los cristales tintados, que le dejó y lo recogió en el sótano. Los miles de insultos recibidos por correo electrónico, WhatsApp, el hackeo de sus cuentas en redes y de la centralita de su oficina lo hacían temer por su seguridad.

Ricardo llegó a casa satisfecho. Había estampado su firma sobre un nuevo contrato de arrendamiento para Maricarmen por ocho años renovables, que elevaba de 200 a 300 euros mensuales el coste del alquiler. Una bicoca para un piso de 103 m2, con cuatro habitaciones, valorado en más de un millón de euros, frente al parque del Buen Retiro, uno de los lugares más codiciados en Madrid.

¿Por qué está ahora tan contento, después de pasarse una década litigando con su inquilina hasta obtener la ejecución de la sentencia de desahucio por parte del Supremo? Porque ya le importaban poco los ingresos que obtuviera del inmueble, su principal preocupación era salvar su pequeña consultora, con una decena de empleados, que se encontraba al borde de la quiebra, debido al bloqueo de sus clientes por parte del Sindicato de Inquilinas, que siempre estuvo detrás de la negativa de Maricarmen a negociar.

Tuvo que cerrar sus oficinas, suspender las comunicaciones con sus clientes y casi no podía salir a la calle. ¿Es esta la nueva política inmobiliaria que persigue el Gobierno? Presiones y amenazas de muerte para conseguir que los pequeños propietarios no echen a sus inquilinos morosos o, como Maricarmen, con rentas antiguas extinguidas.

Aun así, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, calificó en su comparecencia tras el Consejo de Ministros a Urbagestión de "pyme buitre y muy carroñera", cuando ella no movió un dedo para evitar el desahucio. Una responsable de la empresa pública Casa47 llamó para ofrecerse a........

© El Economista