En otros espacios hemos abordado lo atinente al internamiento involuntario en Centros de Rehabilitación de carácter privado, que han llevado a la promoción de juicios de amparo por incomunicación. Estos casos obligan al juzgador a decretar la suspensión del acto reclamado, cuando no se acredite: i) la petición de internamiento por parte de un familiar responsable; ii) la certificación médica de que, dada la condición del paciente, éste representa un peligro para sí mismo o para otras personas y, iii) que se haya dado vista al Ministerio Público.

Cabe decir que estos centros deben contar -en teoría- con una licencia sanitaria. Sin embargo, al menos hasta 2022, la Secretaría de Salud identificó más de 2000 establecimientos, de los cuales sólo el 13% (277) cumplía con la NOM-028-SSA2-2009, para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, en cuanto a los requerimientos especificados para el tratamiento residencial; de ellos, 233 (84%) se encontraba a cargo de particulares. Asimismo, observó que un gran........

© El Diario