Si no fuera porque sucedió, juraríamos que se trata de un episodio fulgurante, fantástico, de la serie televisiva “Cien años de soledad”, la que le agregó más fantasía a la de por sí desquiciante novela de García Márquez.

Pero si el episodio se tratara de una obra cinematográfica estaría bien, el problema es que trata de un evento ocurrido ante nuestros ojos y que nos retrotrae a la realidad mexicana de más de medio siglo atrás.

Un juez, de Parral, suspendido por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) por denuncias y sospechas de ejercer una mala actuación en por lo menos dos casos, fue detenido por la Fiscalía Anticorrupción, acusado de prevaricación agravada (Dictar una resolución, a sabiendas, injusta).

De inmediato fue puesto bajo la autoridad de un juez y vinculado a proceso.

Pero la defensa del juez solicitó la ‘suspensión condicional del proceso’ y obtuvo que, para seguir su proceso en libertad, prometía renunciar a su cargo de juez, abstenerse de acercarse a personas relacionadas con la investigación; fijar un domicilio estable; mantener una actividad laboral lícita; firmar mensualmente ante Servicios Previos al Juicio y desistirse de todos los recursos legales pendientes vinculados al caso.

La muy inquietante pregunta salta a la cara: ¿O sea, la fiscalía aceptó que renunciara al cargo de juez, como condición para seguir el proceso en libertad?

¿Lo detuvieron cuando aún tenía fuero?

Para la autoridad este es un caso ejemplar de ‘justicia pronta’: Un juez reconoce los hechos, queda sujeto a medidas judiciales y abandona el cargo que ocupaba.

Primero los detenemos (aunque tengan protección constitucional) y luego ‘viriguamos’.

Estamos frente al primer caso —que recuerde el escribiente— en el que es la propia autoridad la que reconoce, en un proceso judicial, haber violado la ley; no lo dice, por supuesto, pero al aceptar que el detenido pudiera seguir su caso en libertad, si renunciaba al cargo, implícitamente está reconociendo que poseía fuero y que, por tanto, no lo podía detener.

¿Porque, qué importaba si renunciaba, o no, al cargo, si ya estaba detenido y sujeto a proceso?

¿O les importaba, de sobremanera, que renunciara a la judicatura para que no pudiera ampararse contra hechos tan claramente ilícitos?

Para agregarle más mensajes, claramente intimidatorios para los juzgadores, el mismísimo fiscal anticorrupción, Abelardo........

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