-Quedó libre porque… ¡ya no portaba el arma!

Por mucho que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Marcela Herrera, le echa ganas para que los juzgadores marchen derechitos, hay jueces como Juan Riestra que no piensan lo mismo, y hasta les vale un pepinillo que sus resoluciones sean objeto de mofa y crítica por lo evidente del bisne detrás de las mismas.

Ese juez penal decidió no dictar prisión al transportista-escolta Abysaed C. M., detenido el pasado fin de semana por balear un vehículo tripulado por dos personas tras un ataque de evidente paranoia.

Creyó que habían asaltado un camión de su propiedad y se soltó tirando balazos a quien se le puso enfrente.

Por fortuna, los peligrosos plomos impactaron solo en el vehículo y no en la humanidad de las aterrorizadas víctimas. Abysaed traía porte irregular de arma como escolta, aunque no es escolta; sus escoltas, de hecho, fueron “rescatados”, al parecer, por policías y no consignados ante el Ministerio Público.

El agresor fue presentado en audiencia inicial el Día del Amor y la Amistad. El juez Riestra lo dejó libre porque “tiene arraigo en la ciudad”, porque “no hay peligro de sustracción”, porque “no existe peligro para las víctimas”, y porque, al momento de la detención, “ya no portaba el arma”.

La audiencia de vinculación o no a proceso será este martes. Solo faltará que el juez pida disculpas al agresor por inoportunarlo con su presentación física obligada.

Con razón la presidenta Herrera la pasa con migraña permanente. La reforma judicial parió ese tipo de impartidores de justicia. Ejemplos, o malos ejemplos, hay por todo el estado, sean jueces estatales o federales, como el del caso crematorio Plenitud.

La vinculación entre Israel Hernández, apenas relevado como administrador judicial en esta frontera, y el magistrado penal José Luis Chacón Rodríguez, de la que dimos cuenta en La Columna la semana pasada, no es una historia nueva, sino una relación más añeja.

Ambos, según quienes conocen los entretelones de la justicia, coincidieron en la última etapa del Poder Judicial anterior a la reforma: Hernández como vocero, y el ahora magistrado de la Segunda Sala de lo Penal en Juárez como director del Instituto de Formación y Actualización Judicial (Inforaj), posiciones desde las que tejieron una relación que trascendió lo profesional.

El primer movimiento habría sido discreto, pero significativo. Fue la incorporación de Vilma Jáquez, cuñada del magistrado, al equipo de Hernández Domínguez; después terminó en el Inforaj, ante la falta de espacio. Nada ilegal a simple vista, pero en la administración pública las coincidencias familiares rara vez son eso.

Mientras tanto, empleados del instituto habrían sido utilizados como choferes en horarios laborales, a cargo de vehículos oficiales y particulares, para que Chacón asistiera a restaurantes y bares de la ciudad de Chihuahua.

Chacón Rodríguez pasó de ser un personaje menor en la estructura judicial a convertirse en asesor penal clave en el TSJ. Se le atribuye incluso haber sido pieza importante para contener los efectos políticos del escandaloso caso del exgobernador César Duarte, entre otras estrategias.

La siguiente no fue una casualidad: el ingreso de su hija a la nómina judicial, con plaza de secretaria de juzgado. Posteriormente, la joven abogada fue reubicada en el Inforaj, con lo que cerró el círculo familiar dentro de la misma estructura administrativa.

Hoy, entre el magistrado, su hija y su cuñada, la familia Chacón Jáquez le cuesta al erario cerca de los 300 mil pesos mensuales, en un Poder Judicial que exige austeridad, transparencia y credibilidad ante la ciudadanía, más allá de los formalismos cubiertos en los nombramientos y asignaciones de plazas. Insistimos: sufre la presidenta, Marcela Herrera.

Hernández Domínguez ha sido rebajado a chalán de segunda, después de administrar el TSJ en la frontera, pero no ha sido echado, a pesar de los antecedentes y de la misma investigación que tiene encima por mal uso de un vehículo y el indebido pago de una reparación que involucra a Chacón.

¿Puede una institución que reclama confianza pública justificar que una sola red familiar y de compadres represente ese monto mensual en su nómina, en tiempos en los que se habla de combate al nepotismo y de depuración institucional? Los números pesan más que cualquier explicación.

Ahora sí que en el gobierno estatal se despojaron del temor y le entraron de lleno a la talacha política. El trabajo en territorio que debe traducirse en votos.

Y es que, sin tanto tapujo, lanzaron el programa “Tocar Puertas”, que no es otra cosa que armar cuadrillas y capacitar a promotores para que lleven el mensaje, bien planchadito, claro, de la gobernadora Maru Campos hasta la casa del ciudadano de a pie.

El chiste no es solo repartir volantes como siempre, sino asegurarse de que el mensaje llegue nítido, sin distorsiones y, sobre todo, en el momento preciso, porque la batalla preelectoral ya arrancó y nadie quiere quedarse sentado viendo cómo les comen el mandado.

El encargado de este operativo es el venezolano Pedro Silva, quien trae su experiencia bajo el brazo y ya puso manos a la obra para concientizar a casi mil empleados, a quienes les está metiendo el chip del compromiso político.

La semana pasada inició los cursos en Pueblito Mexicano. Llenó el auditorio con burócratas de todos colores, desde expriistas como Enrique Serrano, Óscar Nieto y Maurilio Fuentes; el grado 1, Mota Allen; hasta los panistas más fieles. Y, tras el curso, todos se enfundaron el chaleco azul y salieron a darle duro al timbre en el quinto distrito.

El plan es claro: poner el ejemplo y mandar el mensaje de que la pelea por la plaza electoral se va a fondo. Más de mil empleados estarán listos para salir a hacerle competencia a los Servidores de la Nación, que hasta ahora llevan la delantera.

Según Silva, en Aguascalientes este rollo de “tocar puertas” fue un exitazo, así que aquí esperan repetir la dosis.

Desde Palacio ya dieron la orden: contacto directo, cero pretextos, y ojo con los que hagan como que trabajan. Porque aquí, el que no sude la camiseta, se la pueden quitar. Así de clara está la advertencia.

En 1965, cuando el gobierno mexicano lanzó el Programa de Industrialización Fronteriza, la promesa era clara: absorber desempleo, atraer inversión y detonar industria nacional en la frontera.

No era solo un esquema de ensamble; era, en el discurso, el inicio de una transformación productiva.

En lugares como Ciudad Juárez, el modelo funcionó en lo inmediato, con la maquiladora por delante. Llegaron plantas, crecieron exportaciones y se multiplicaron empleos.

La frontera se convirtió en motor industrial; pero el tiempo mostró algo más profundo: no se construyeron centros de decisión, ni cadenas de proveeduría nacional sólidas, ni tecnología propia. Se consolidó una plataforma altamente eficiente, pero dependiente.

Cada vez que la economía de Estados Unidos se desacelera, cada vez que cambian tasas de interés, reglas comerciales o estrategias corporativas, Juárez lo resiente casi de inmediato. La ciudad vive ciclos que no controla, y eso lleva ya mucho tiempo sin mejora a la vista.

Otros países comenzaron de manera similar. China también fue plataforma exportadora, pero convirtió esa etapa en transición.

Exigió transferencia tecnológica, protegió sectores estratégicos y escaló en la cadena de valor. México, en cambio, dejó que la integración avanzara sin una política industrial decidida que empujara el siguiente nivel.

La maquila no es el problema. Ha sido fuente de empleo y crecimiento. El problema es haber dado por terminado el proceso en la etapa del ensamble y habernos quedado ahí, muy a gusto.

Y todo esto viene a colación por la situación actual del empleo. Cada ajuste en la industria genera incertidumbre colectiva, preocupación social y la pregunta recurrente que atraviesa décadas: ¿y ahora qué vamos a hacer?

En enero de 2026, Ciudad Juárez registró 478 mil 761 empleos formales, apenas dos más que en diciembre, lo que confirma un escenario de estancamiento más que de recuperación.

Aunque el dato mensual es técnicamente positivo, en la comparación anual la ciudad mantiene una pérdida de 11 mil 388 empleos frente a enero de 2025, reflejo del fuerte ajuste en manufactura, sector que por sí solo acumula una caída de 14 mil 094 plazas.

Servicios, comercio y transporte muestran incrementos moderados que aportan dinamismo interno, pero todavía insuficientes para compensar el retroceso industrial.

En contraste, el salario diario promedio alcanzó 763.73 pesos, con un crecimiento anual de 6.6 por ciento, por encima de la inflación local de 4.4 por ciento, lo que implica una mejora leve en términos reales.

El mercado laboral juarense, así, no está creciendo con fuerza, pero tampoco sigue cayendo: atraviesa una fase de estabilización tras un año complejo para su base manufacturera.

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