-El lloriqueo es por dos mil millones de pesos

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-Pensiones para juzgadores, desde Chihuahua

-Monreal perfilado hacia la primera circunscripción

Vaya exhibida que le pegó el domingo en la madrugada una madre de familia al sistema del 911 al denunciar la operación irregular del antro after 656, ubicado en plena avenida Santiago Troncoso.

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El bar, que está ubicado en el segundo piso de una plaza comercial, no oculta sus operaciones fuera de horario, al contrario, dispone de sillas y mesas en la miniterraza al aire libre para los fumadores; ahí meseros llevan diligentemente las bebidas.

Y eso fue lo que la ciudadana observó poco después de las cinco de la mañana. Marcó al 911 para hacer su reporte. La llamada duró cinco minutos con 34 segundos, tiempo en el cual la operadora corroboró el nombre del negocio y el cruce exacto de las calles de la plaza comercial.

Ofreció el número de folio y confirmó que una unidad de Seguridad Pública acudiría a corroborar la denuncia.

Casi una hora después, a las 06:19 horas, la madre de familia pasó nuevamente por el bar y grande fue su sorpresa al percatarse que no hubo policía de corporación policiaca ni militar que atendiera su queja.

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Los clientes se retiraban porque el sol estaba por salir mientras la música aún se escuchaba en el local comercial.

Ese after recuerda al Sunset Bar, Calabou, La Mansión, Lupe Lupe y el Dubai de Plaza las Américas que han operado y/o operan con como after con mil graves irregularidades además de la operación toda la noche: prostitución, narcomenudeo y muchos etcéteras ya comprobados inclusive por investigaciones de la Fiscalía General del Estado.

Y Gobernación estatal de Juárez lleva dos años, ¡sí, dos años!, sin cubrir formalmente el cargo que dejó el ahora regidor Alejandro Jiménez. “Jimanotas”.

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Las dirigencias estatales del Partido del Trabajo y el Partido Verde, a cargo de Tania Aguilar Gil y Octavio Borunda, manejan alrededor de 17 millones de pesos cada una, prerrogativas que reciben del erario, mediante la asignación que determina una fórmula de financiamiento aplicada por el Instituto Estatal Electoral, según la ley.

Son los aliados de Morena en la entidad -aunque en la elección pasada no haya sido incluido el PVEM en la coalición local- los “maltratados” con el gasto público, dado que el partido guinda es el campeón de campeones con más de 80 millones de pesos anuales del presupuesto de Chihuahua.

El PAN tiene para este año 56 millones de pesos; el PRI casi llega a los 30 millones y el Movimiento Ciudadano rebasa los 25 millones de pesos. La suma de todos es parte del costo de la democracia de primer mundo... para los partidos políticos, no para la población.

Esos recursos quedan sin tocarse con la reforma electoral, que no contempla disposición alguna a nivel estatal. Sin embargo, a nivel federal sí pretende disminuir drásticamente, alrededor de un 25 por ciento, el gasto del Instituto Nacional Electoral y de las dirigencias nacionales.

Aparte del pretendido golpe a la forma de manejar cupularmente las plurinominales, la reforma plantea una reducción de unos dos mil millones de pesos de los más de siete mil millones que se embolsan las dirigencias partidistas, sin reportar el uso de esos recursos.

Morena podría perder 675 millones de pesos de esas prerrogativas; el PAN, unos 335 millones de pesos; el PRI y MC unos 250 millones de pesos cada uno; el Verde unos 215 y el PT alrededor de 175 millones.

Son casi dos mil millones que bien explican tanto lloriqueo por la dichosa reforma planteada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, la cual será pasada al pleno de la Cámara de Diputados este día, si no pasa otra cosa.

La proporción del recorte no nada más explica las resistencias contra la iniciativa presidencial, también exhibe el monto del latrocinio que no quieren frenar algunos partidos políticos, cuyas dirigencias nacionales no mandan ni para pagar el predial o la renta a sus comités municipales o estatales.

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La inflación de febrero en México tiene mucho más que ver con factores internos que con conflictos lejanos.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en 4.02 por ciento anual, pero el dato que realmente preocupa está en la inflación subyacente, que alcanzó 4.50 por ciento, una señal clara de que las presiones de precios siguen presentes en la economía.

Dentro de ese componente destaca el encarecimiento de los alimentos procesados, bebidas y tabaco, cuya inflación anual llegó a 6.20 por ciento muy por encima del promedio general.

Eso significa que el golpe inflacionario está pegando directo en la mesa de los hogares, algo que difícilmente puede explicarse por tensiones geopolíticas recientes.

La inflación que estamos viendo responde más a costos internos, servicios y decisiones de política económica que a factores externos, es decir los nuevos impuestos y aumento de salarios.

Antes de señalar a la guerra o a los mercados internacionales, habría que reconocer qué parte de la presión sobre los precios se origina dentro del propio funcionamiento de la economía y de las decisiones del gobierno. No es momento de confiarse: la inflación sigue viva.

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De resonancia internacional fue la postura del expresidente y magistrado en retiro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el chihuahuense Pablo Héctor González, en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se celebra esta semana en Guatemala.

En su calidad de integrante de la Red Nacional por la Independencia Judicial en México, una organización que aglutina a académicos, colegios de abogados, organizaciones de la sociedad civil y otros expertos, señaló la necesidad de definir criterios para dar contenido precisamente a la independencia judicial.

Hubo otras voces igual de críticas hacia el actual sistema judicial mexicano que por múltiples vías ha venido desplazando a quienes administraban ese poder del estado mexicano antes que los tristemente célebres acordeones parieran al nuevo Poder Judicial.

Pablo Héctor, magistrado en retiro de a fuerzas y catedrático de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey, es a nivel internacional una de las voces más autorizadas en materia de derecho. Es para escucharlo y hacerle caso.

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Aunque lo ocurrido estos días en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no tiene relación directa con el tema anterior, sí lo tiene sobre la nueva salud interna en ese poder.

Lo significativo en el aval mayoritario de ministros y ministras a las pensiones e indemnizaciones para jueces y magistrados de Chihuahua que no ganaron, o no participaron, en la elección de los “acordeones”, es que lo hizo en contra de Morena en el Congreso de Chihuahua e incluso del ministro Presidente, Hugo Aguilar Ortiz, y de la ministra, Lenia Batres, bien pintados de guinda.

Por mayoría de votos del pleno, la Suprema Corte aprobó una pensión complementaria del 50 por ciento y el retiro anticipado para quienes ya cumplían los requisitos de la Ley de Pensiones Civiles del Estado.

El ministro ponente, Arístides Guerrero García, expuso que esos beneficios laborales derivan de la reforma federal y es congruente con las fracciones dos y tres del artículo segundo transitorio del decreto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Chihuahua.

Dichos cambios fueron impugnados en su momento mediante la acción de inconstitucionalidad 43/2025 interpuesta por la minoría guinda, encabezada por Cuauhtémoc Estrada, al acusar que se estaba creando un “régimen de privilegios”

Justo con ese argumento, Lenia Batres se pronunció porque fuera declarada inválida la medida pues, desde su óptica, la reforma judicial federal no justificaba crear en Chihuahua “un régimen especial de seguridad social”.

En el mismo sentido, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, opinó que se crea una estructura de pago distinto para trabajadores “sin una justificación adecuada”.

Como haya sido, la Suprema Corte de Justicia dio una muestra de independencia interna y particularmente con un caso relacionado con Chihuahua. Saben allá arriba que luego les tocará a ellos, tarde o temprano pero les tocará la separación.

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Hubo quienes cayeron de bruces pero no soltaron el megáfono gritando la “buena nueva” de que el hombre de la doble A, el senador Adán Augusto López Hernández, sería el mero mero de la música ranchera de Morena para coordinar la Primera Circunscripción electoral, a la que pertenece Chihuahua.

Hicieron los voceros repicar las campanas anunciando que tal “designación” entronizaría a la también senadora guinda, Andrea Chávez, como candidata a gobernadora 2027.

Hoy lo único cierto es lo incierto; o mejor dicho, algo incierto, pues los más conocedores de la entraña del partido fundado y liderado desde La “(Re) Chingada) por Andrés Manuel López Obrador, insisten que el bueno para ese cargo de la Primera Circunscripción sigue siendo el mismo, el senador Ricardo Monreal, muy amigo del que despacha como jefe en Malecón y Francisco Villa, lo cual tampoco implicaría que solo por ello fuera levantado en hombros como el postulado.

La adrenalina borbotea en Morena...y en todos los partidos.

© El Diario