-Es visto como ilegal dirigente del sindicato del IMSS

La polémica por la presunta venta de créditos hipotecarios dentro del sindicato del IMSS en Chihuahua puso de nuevo sobre la mesa otro asunto que desde hace meses divide a la base trabajadora: la legalidad de la dirigencia seccional.

Trabajadores inconformes recordaron que el actual secretario general de la Sección VIII, Jorge Arturo Herrera Navarro, arrastra cuestionamientos internos porque su dirigencia no tendría la llamada “toma de nota” registrada ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Ese señalamiento incluso quedó plasmado en documentos formales dirigidos al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

En un escrito presentado ante la dirigencia nacional con fecha de septiembre del año pasado, la funcionaria sindical Flora Arellano Acevedo interpuso una queja por el “probable incumplimiento y flagrante violación a los estatutos y declaración de principios del sindicato”, señalando directamente al secretario general de la Sección VIII en Chihuahua.

El documento advierte que se trata de una denuncia basada en disposiciones constitucionales, en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en los propios estatutos sindicales.

En otro de los anexos, la denunciante también objeta un dictamen que considera “anticonstitucional e ilícito”, notificado en noviembre de 2025.

La controversia cobra relevancia en el contexto de las recientes acusaciones hechas por trabajadores sindicalizados, quienes aseguran que créditos hipotecarios destinados a empleados del IMSS estarían siendo ofrecidos de manera irregular, incluso favoreciendo a personas cercanas al dirigente.

Si a esos señalamientos se suma la falta de una toma de nota formal, el conflicto deja de ser únicamente administrativo y entra al terreno de la legalidad del propio liderazgo sindical, asunto que deberá resolverse antes de que el gremio chihuahuense estalle en protesta contra un líder al que consideran ilegal y con problemas previos con la justicia.

El tipo de fraude recientemente denunciado por el recaudador de Rentas en Juárez, Raúl García Ruiz, evidenció las enormes grietas que hay en los sistemas de control vehicular de todo nivel de gobierno, así como la fragilidad, casi de papel, de las mismas autoridades para frenar a los estafadores.

La astucia de los delincuentes, mezclada con las deficiencias o complicidades oficiales, es tal que al menos durante este año ha operado una red de engaños en la que supuestos gestores que operan por WhatsApp prometen arreglar trámites, envían documentos con logotipos falsos de la Secretaría de Hacienda y hasta mandan por paquetería placas vehiculares que resultan ser simples láminas de plástico.

El proceso incluye, por supuesto, pagos de seis, siete mil pesos a cuentas bien identificadas, para trámites que no existen, con funcionarios que tampoco existen, según los empleados estatales que le han seguido la pista al truco desde hace meses.

El mismo García Ruiz denunció que las víctimas llegan a las oficinas pensando que todo está en orden, sólo para descubrir que su trámite jamás se realizó: fue mera ilusión burocrática. Además del engaño, el problema es por qué tanta gente cree que ese tipo de “gestores” puede resolver lo que el propio gobierno no logra resolver con eficiencia.

El fenómeno del engaño es permanente, de esta y otras formas. Pero ahora se ha agudizado desde que miles de propietarios de vehículos quedaron atrapados en el limbo administrativo tras la cancelación del decreto de regularización en este año.

Los trámites inconclusos, citas saturadas e información confusa hicieron el terreno fértil para los estafadores y el surgimiento de falsos gestores, algunos especializados en víctimas adultos mayores que, sin dominar las marañas digitales gubernamentales, caen en las redes tendidas por los delincuentes.

Pero ni porque el problema involucra a instancias de seguridad vial, población vulnerable e instancias sensibles —desde la Recaudación de Rentas hasta el Repuve federal— se ha visto una acción decidida para frenar a los estafadores, a pesar de las pistas (nombres en redes, números de teléfono, cuentas bancarias) para perseguirlos.

Está claro que la denuncia pública no es suficiente para que la autoridad recupere la confianza de la población.

Aunque Juárez aportó casi una cuarta parte del empleo generado en todo Chihuahua —con alrededor del 23 por ciento de las dos mil 901 plazas estatales—, la composición sectorial revela una señal de cautela en su principal motor económico.

La mayor parte del crecimiento local se distribuyó entre industria (234 empleos), comercio (206) y servicios (170), una composición que refleja un avance moderado de la actividad industrial —tradicional motor de la frontera— y un mayor peso relativo de las actividades ligadas al mercado interno.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, en febrero se crearon 182 mil 778 puestos de trabajo a nivel nacional.

No obstante, el balance del arranque del año muestra una señal de moderación: en el primer bimestre de 2026 se generaron 174 mil 674 plazas, el nivel más bajo para un mismo periodo desde 2014.

Lo inusual es que comercio y servicios generen más de 376 plazas y la industria poco más de 200. En todo caso, las cifras siguen siendo precarias para Ciudad Juárez.

Con el fracaso de la reforma electoral, que ya estaba más que cantado, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con los legisladores “aliados” la noche del miércoles. Ayer, en La Mañanera, anunció que el Plan B será enviado el lunes a la Cámara de Diputados.

No adelantó mucho sobre el contenido; solo dijo que “consiste en lo mismo” y que, si no se aprueba, “no pasa nada”, que quizá es el fondo de la estrategia: dejar las cosas como están para que los aliados Verde y PT sigan con las mismas ventajas en el esquema de repartición de prerrogativas y plurinominales.

Mostró la presidenta un supuesto enfado. Reveló que va por disminuir “los privilegios” en los congresos locales, regidurías y en los salarios de los titulares de los órganos electorales estatales, para lograr un ahorro de cuatro mil millones de pesos, recursos que se quedarán en las entidades.

Lamentó que, mientras hay muchas necesidades en los municipios, “siga habiendo recursos públicos que se destinan a partidos políticos y a los institutos electorales”.

Se fue duro contra los regidores. Aseveró que hay quienes ganan más que la presidenta y que terminan con salarios de 500 mil pesos mensuales.

Puso como ejemplo que en municipios como Monterrey hay 28 regidores; en Puebla, 23; y en Altamira, 21. “Lo que no puede haber son excesos”, dijo.

Los que parecieron adivinar por dónde viene el golpe fueron los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que aprobaron ascensos para 258 integrantes del Servicio Profesional de Carrera, equivalente al 10 por ciento de esa plantilla especializada, con un beneficio de cinco mil pesos.

Para Sheinbaum se perdió una batalla, no la guerra, y por ende va ahora por la revancha.

Llamó la atención que en la votación en que los aliados de Morena sepultaron el proyecto de reforma electoral hubo dos chihuahuenses que votaron a favor: Roberto Jesús Corral Ordóñez, del Partido del Trabajo; y Alejandro Pérez Cuéllar, del Verde, hermano y operador del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien le ha puesto gran esmero a cuidar su relación con la presidenta Sheinbaum.

En el listado de votación de los 48 legisladores del PT, incluida Lilia Aguilar Gil, se señala que solamente el número nueve, el cuauhtemense Corral Ordóñez, votó a favor de la iniciativa enviada por la presidenta.

De los 62 legisladores del PVEM, votaron 49 en contra y 12, que están “prestados” de Morena a su aliado el Verde, en favor, incluido Alejandro.

El comportamiento en ambos partidos es consecuente con las posturas de sus dirigentes, pues en el caso del Verde, el coordinador de la bancada en el Senado, Manuel Velasco, había expresado que coincidía en un “95 por ciento” con la propuesta de Sheinbaum, aunque después tuvo que salir a decir que era una postura “personal”.

En cambio, el coordinador petista, Reginaldo Sandoval Flores, dijo que la reforma “conduciría a un partido hegemónico de Estado”, pero no dice lo mismo sobre el futuro de la alianza oficialista.

Por cierto, causará cierto escozor en el guinda que de los 253 diputados federales votaron 246; o sea que les faltaron siete: tres votos en contra, de Giselle Arellano y de dos “prestados” del Verde, Alejandra Chedraui y Santy Montemayor, además de Jesús Jiménez, que no asistió.

Por su parte, Olga Sánchez Cordero huyó con prisa para no votar; Iván Peña Vidal fue intervenido de urgencia y Manuel Espino sigue convaleciente.

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