Hay preguntas que adquieren un significado distinto dependiendo del lugar desde donde se formulen. Hablar de libertad de expresión desde la comodidad de la teoría constitucional no es lo mismo que hacerlo desde Chihuahua, y particularmente desde Ciudad Juárez, donde ejercer el periodismo crítico significa conocer perfectamente esa delgada línea que separa la discrepancia política de la presión del poder.

Quienes hemos cuestionado públicamente decisiones de gobiernos emanados de Morena, en esta frontera, o en general en Chihuahua, conocemos también otra modalidad, mucho más contemporánea: el “funeo”, el linchamiento digital, las oleadas de descalificaciones y el “hate” que aparecen en redes sociales después de publicar algo incómodo para la llamada Cuarta Transformación, y en ocasiones también la presión directa o indirecta de algunos funcionarios o gobernantes morenistas.

No afirmo que cada insulto en redes sociales sea ordenado desde una oficina gubernamental. Sería irresponsable hacerlo sin pruebas, pero en la mayoría de los casos así es, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.

Lo que sí sostengo es que existe un ambiente político donde la crítica suele ser presentada no como parte indispensable de la democracia, sino como una forma de militancia opositora, en automático, a priori. Y cuando esa lógica baja desde la más alta tribuna del país, el asunto deja de ser anecdótico, por eso me preocupa profundamente que sea precisamente el Estado quien pretenda asumir una posición tutelar frente a las audiencias.

Aclaremos algo desde el principio, las audiencias tienen derechos. El artículo 6º constitucional protege no solamente la posibilidad de expresar ideas, sino también la de buscar y recibir información. La libertad de expresión posee una dimensión individual y otra social, el problema es otro ¿quién debe defender esos derechos?

Porque una cosa es que el Estado garantice derechos y otra muy diferente que el gobierno se convierta en defensor de una de las partes que participan en el proceso comunicativo, el Estado debe garantizar la libertad del periodista para investigar y publicar y, simultáneamente, los derechos de quien escucha, mira o lee.

Es decir, es árbitro constitucional, por tanto, no debería ponerse la camiseta de ninguno, no puede ponerse la camiseta de ninguno. Un juez garantiza los derechos de la víctima y del acusado, pero no por ello se convierte en abogado de alguno. Precisamente porque dejaría de ser imparcial.

Entonces pregunto: ¿por qué aceptar una lógica diferente cuando hablamos de prensa y gobierno? El elefante está todas las mañanas en Palacio........

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