Ciudad Juárez vive una crisis de movilidad que ya no es un “problema de operación” ni un ajuste temporal, es una falla estructural, sostenida por decisiones de “funcionarios públicos” que han normalizado el deterioro del transporte público mientras la vida cotidiana de miles de juarenses se desmorona. Juárez se encuentra ante la falta de capacidad real del sistema y se convierte en una sentencia política: el Estado está fallando.

Para entender la gravedad del asunto, hay que precisar lo que ya no está. En Juárez han desaparecido al menos 9 rutas: Línea 1-B, Línea 6, Línea 4, Línea 7, Mercado de Abastos, Circunvalación roja, Tierra Nueva, Juárez- Aeropuerto y San Francisco, que eran esenciales y daban conectividad a zonas enteras, miles de familias, miles de centros de trabajos, escuelas y universidades, cada ruta que el gobierno canceló significa desplazamientos más largos, trasbordos obligados, desorden urbano, una carga diaria para quienes no tienen alternativas y una condena para los juarenses.

Lo que más indignación provoca es que, en contraste, en Chihuahua capital la Operadora de Transporte ViveBús Chihuahua, S.A. de C.V. (OTV), empresa pública a cargo del Bowí, recibió este año, un presupuesto de $215.6 millones de pesos para subsidiar la operación del transporte público, cuando la ciudad cuenta con apenas 925,762 habitantes según el Censo 2020 del INEGI. Mientras tanto, para Juárez el presupuesto es de ceros pesos con cero centavos destinados al subsidio de la tarifa; eso sí, el mismo Estado se reasigna $110 millones de su propio presupuesto para sus gastos operativos, dinero que el Estado saca del bolsillo izquierdo para entregárselo en el........

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