Víctor de Aldama, a la salida del Tribunal Supremo, donde ha acudido por el juicio a José Luis Ábalos y Koldo Garcia, por el caso de las mascarillas. / José Luis Roca

El relato que se supone que tenemos que creernos es que un día, sobre una mesa del Gobierno de Canarias, aparecieron unas ofertas de venta de material sanitario. No las presentó nadie. Aparecieron allí de la nada. Casualmente, resulta que esas ofertas pertenecían a empresas ligadas a una trama de corrupción creada en torno al secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos. Pero él no llamó para pedir que las contrataran. No contactó con nadie de su partido en las islas. Nadie se interesó. Aparecieron y ya está.

El juicio por el escándalo de la venta a precios inflados de material sanitario está dejando momentos estelares. Para empezar ya está probado en sede judicial que en la sede socialista de Ferraz se pagaba a cargos del partido con dinero en efectivo, dentro de sobres con membrete. Lo que se prohíbe por Hacienda al resto de los mortales -pagar más de mil euros en efectivo- se realizaba habitualmente por un partido político. Y está probado que el ministro Ábalos colocó a una amiga en una empresa pública en la que nunca trabajó. Y eso que el juicio solo está empezando.

Por lo que respecta a Canarias, el entonces presidente y hoy ministro, Ángel Víctor Torres, declaró como testigo de manera no presencial. Canarias, con doce millones de euros, fue la comunidad donde más dinero facturó la trama. La defensa de Torres se basa en que no conocía la existencia de esa trama corrupta y que si se desvivió en pagar esas facturas es porque estábamos en una situación excepcional en la que había que garantizar el suministro de material sanitario.

El problema es que hubo otras comunidades socialistas, como Castilla-La Mancha, gobernada por García Page, que mandaron a tomar viento a esos mismos empresarios porque las mascarillas eran demasiado caras y no cumplían las especificaciones sanitarias. Canarias y Baleares las aceptaron: casualmente las dos comunidades cuyo presidentes, Armengol y Torres, fueron contactados por Koldo García, el asesor de Ábalos. Los mensajes ya publicados entre el asesor y el presidente canario, para el pago de las facturas, son absolutamente impropios. No hay delito alguno en ocuparse de que una administración abone las facturas que debe, pero es inédito que sea el asesor de un ministerio el que reclame los pagos a unos empresarios. Y que lo haga directamente con el presidente de la Comunidad.

A estas alturas ya está meridianamente claro que la pandemia sirvió de excusa para que algunos oportunistas dieran un pelotazo. Empresas que no tenían ninguna relación con el mundo de la Sanidad se convirtieron, de la noche a la mañana, en proveedores de material sanitario. Y sin que se les exigieran las garantías que normalmente se aplican a los procesos de contratación pública. Se pagaron cifras astronómicas. Y se compró tal cantidad de material que alguno sigue almacenado y probablemente caducado: nadie sabe si porque no cumplen con las mínimas garantías de calidad o porque simplemente hubo un excedente de suministro.

Espero que al final de este juicio logremos tener respuesta a una pregunta que nadie ha contestado hasta hoy. Una pregunta sencilla. ¿Quién decidió comprarle a esos empresarios? ¿Quién eligió esas ofertas de entre todas las disponibles?

© El Dia