El Diario Oficial publicó hace poco la ley de Protección Tarifaria Eléctrica, y una de sus banderas es la renegociación voluntaria de contratos de suministro. La idea puede parecer razonable. Pero antes de dar por sentado que sus resultados serán favorables hay que preguntarse algo básico: ¿quién está sentado a la mesa y qué información tiene? ¿Cuál será la nueva moneda de cambio que permitirá que esto por fin ocurra? Porque si la historia del sector eléctrico nos enseña algo, es que cuando se tocan los contratos sin mayor transparencia, el consumidor final termina pagando la cuenta.

Hagamos un poco de historia.

En el año 2004, con la Ley Corta I (Ley N.° 19.940), se modificó la forma de calcular el precio de nudo respecto a la banda de mercado. Se disminuyó “la discrecionalidad del Estado”: la tolerancia de desviación entre el cálculo de la autoridad – que fijaba el precio en base a simulaciones- y el “precio de mercado” pasó de un 10% a un 5%. Esto modificó contratos vigentes por la vía........

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