El proyecto de ley miscelánea del gobierno indirectamente encubre, entre sus múltiples reformas tributarias, una que ha pasado bastante inadvertida: al rebajar los impuestos a las grandes empresas, entre las cuales se encuentran las concesionarias públicas, se rebaja el impuesto de primera categoría (IDPC) a estas últimas, sin que exista la justificación económica argüida, en general, respecto de las grandes empresas.

Es decir, en el caso de las concesionarias públicas, una rebaja al IDPC, no aumentará la inversión, no creará empleo, y no fue solicitada por nadie, en cambio costará, en estimaciones gruesas, unos $22.000 millones anuales. Esto, en el mismo momento en que el propio Ministerio de Hacienda propone a los ministerios sectoriales recortar un 15% en 260 programas sociales dirigidos a la población más vulnerable. La coincidencia, al menos, merece una explicación.

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La ley miscelánea que ha planteado el gobierno contiene múltiples reformas tributarias, algunas de ellas inconexas entre sí. Entre todas, una de las que parece más razonable —al menos en lo teórico y en lo numérico— es la rebaja al Impuesto de Primera Categoría, a fin de incentivar la inversión y aumentar el empleo. Efectivamente, desde un punto de vista estrictamente matemático, si los accionistas invierten en busca de utilidades, resulta más atractivo que el resultado de esa inversión les deje cuatro puntos más de rentabilidad que cuatro puntos menos. Hasta ahí, la lógica es impecable.

Claro que eso no considera las expectativas de la demanda, ni el riesgo país, ni la estabilidad política e institucional, ni la incertidumbre económica, ni la corrupción, ni tantos otros factores que —está comprobado— inciden con bastante más fuerza sobre las decisiones de inversión que la tasa del IDPC.

Pero dejemos eso de lado por un momento y asumamos, generosamente, que la rebaja tiene un efecto positivo sobre la inversión. Aun en ese escenario, la pérdida de recaudación que implica exige ser tratada con extrema responsabilidad: minimizar........

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