El 11 de septiembre pasado se cumplieron veinticinco años de un gesto casi olvidado por la memoria pública, pero decisivo para la historia política del continente. Mientras el mundo fijaba los ojos en las torres que caían en Nueva York, los cancilleres de las Américas firmaban en Lima la Carta Democrática Interamericana. La coincidencia de fechas fue una crueldad del calendario: un documento nacido para proteger la vida democrática de la región quedó eclipsado, desde su primer día, por la tragedia que redefinió la agenda de seguridad mundial. Ese eclipse inicial dice mucho sobre el destino que ha tenido la Carta desde entonces: un instrumento de enorme valor simbólico y jurídico que rara vez ocupa el centro de la conversación pública, salvo cuando una crisis lo obliga a salir de los archivos de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

Conviene recordar qué fue lo que se firmó aquel día. La Carta no inventó la idea de que los pueblos americanos tienen derecho a la democracia; esa convicción venía madurando desde la Declaración de Santiago de 1991 y se había reforzado en sucesivas cumbres hemisféricas. Lo que hizo la Carta fue algo más ambicioso: convertir ese derecho en una obligación........

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