La izquierda opositora, especialmente el Frente Amplio y el Partido Comunista, están escogiendo un terreno peligroso para enfrentar al gobierno de José Antonio Kast: la Ley de Presupuestos 2027. Demás esta decir que todo parlamentario tiene derecho a fiscalizar cada peso y a cuestionar cada recorte. Pero convertir esa discusión en una batalla moral exige una credibilidad que su propia gestión dejó seriamente dañada. Antes de repartir certificados de sensibilidad social, les corresponde explicar las cuentas que entregaron.

El debate ya muestra una controversia atendible: Hacienda anuncia un crecimiento del gasto de 1,5% respecto de la ejecución proyectada de 2026, mientras la oposición cuestiona esa base de comparación. Discutirlo es legítimo. Lo que resulta poco convincente es presentar cualquier ajuste como un ataque a los derechos sociales, sin hacerse cargo de su propia responsabilidad en las restricciones fiscales que heredó el actual gobierno.

Gobernar es priorizar

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