Una de las características esenciales de los cárteles del crimen organizado internacional es su capacidad para penetrar no solo en las instituciones públicas, sino también en los propios órganos de poder del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En Bolivia, esa penetración habría alcanzado incluso a determinadas estructuras sindicales de los denominados «movimientos sociales».

Como actores no estatales de alcance transnacional, estas organizaciones buscan obtener beneficios económicos mediante actividades ilícitas, como el narcotráfico, el lavado de dinero, la minería ilegal, el contrabando y la trata de personas. Algunas mantienen estructuras jerárquicas y centralizadas; otras operan mediante redes flexibles, alianzas y células especializadas.

La literatura especializada identifica algunas características fundamentales: operan en varios países, acumulan enormes recursos económicos, construyen redes logísticas y financieras transfronterizas, corrompen a funcionarios, policías, jueces y políticos, y penetran instituciones públicas hasta conseguir influir en decisiones gubernamentales.

Parece coincidencia, pero buena parte de lo señalado está sucediendo en Bolivia.

Estos grupos no desafían al Estado solamente desde afuera; también buscan infiltrarlo desde adentro. La corrupción y la captura de espacios estratégicos del aparato estatal les proporcionan una extraordinaria capacidad de........

© El Día