Editorial | | 2026-03-05 07:14:00

Con un escepticismo inevitable ha comenzado el proceso destinado a poner en marcha la propuesta de distribución 50–50 de los recursos entre el nivel central y las regiones. El anuncio del presidente Rodrigo Paz abre una expectativa que en Santa Cruz no es nueva: la descentralización lleva más de medio siglo como bandera, como demanda y como conflicto no resuelto. La pregunta es si el Estado boliviano está dispuesto a dejar de ser el aparato hipercentralista que castra y frena a las regiones.

El problema de fondo no es técnico, es cultural y político. Bolivia funciona como un Estado colonial y no como una república moderna. El gobierno central actúa como un centro metropolitano que recauda, concentra y redistribuye recursos a su criterio, utilizando a las regiones —especialmente a las más productivas— como fuentes de extracción.

Santa Cruz ha sido, en el pasado reciente, la región más esquilmada por ese modelo. Produce, exporta, genera empleo y sostiene buena parte del dinamismo económico nacional. Sin embargo, el grueso de las decisiones estratégicas y del manejo presupuestario se toma lejos de sus actores productivos.

El 50/50 no es una consigna menor. Si se implementa en serio, implicaría redistribuir competencias y recursos, pero también responsabilidades. Significaría desmontar decretos y normas que durante décadas fortalecieron al nivel central en desmedro de las autonomías.

El escepticismo es razonable. Ya se ha visto cómo promesas hechas al calor electoral terminan relativizadas, convertidas en “procesos” indefinidos o en mesas técnicas que se diluyen en el tiempo. El propio discurso oficial insiste en que “no es transferir recursos sin control”. La frase revela el temor de fondo: el centralismo no confía en las regiones.

El verdadero desafío del gobierno no está en Santa Cruz, que con mayor o menor proporción de recursos públicos, ha demostrado una capacidad productiva que no depende exclusivamente del presupuesto estatal. El desafío está en el resto del país, donde la baja productividad y la dependencia del gasto público han creado economías regionales sostenidas por la transferencia fiscal y el clientelismo.

Durante años, el modelo centralista no sólo concentró poder; también expandió una estructura burocrática costosa e ineficiente. Miles de empleos dependen directa o indirectamente del Estado. Muchas regiones viven más de la redistribución que de la producción. El resultado es un país con amplios sectores prebendalizados, poco competitivos y políticamente funcionales al poder central.

¿Cómo sostener ese esquema si los recursos se descentralizan? ¿Cómo evitar que el edificio clientelar se resquebraje cuando el flujo de transferencias ya no sea discrecional? Esa es la pregunta que explica las resistencias reales que brotan a flor de piel.

El 50/50 podría convertirse en un punto de inflexión histórico si va acompañado de un verdadero pacto fiscal, de reglas claras de responsabilidad y de un rediseño del gasto público que premie la eficiencia y la producción. Pero si se limita a una redistribución parcial sin reforma estructural, corre el riesgo de convertirse en un nuevo capítulo de frustración.

Si el gobierno da pasos concretos hacia la descentralización real —no declarativa—, será un hecho histórico. Si desmontan normas centralistas, impulsa un pacto fiscal serio y transfiere competencias con responsabilidad, habrá comenzado a transformar la arquitectura del Estado.

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