El Estado central boliviano ha perfeccionado un arte singular: convertir un derecho en una dádiva. El Gobierno remitió a las gobernaciones el proyecto de ley especial de coparticipación tributaria, con una oferta máxima del 1% a partir de 2027, cuando su propuesta original era un esmirriado 0,4%. La presentó como un avance de la agenda 50/50 y los gobernadores la recibieron como lo que es: una burla administrada con lenguaje técnico.

La respuesta fue contundente. Siete gobernaciones rechazaron el planteamiento. Cochabamba propuso partir del 3%; Santa Cruz exige comenzar con el 5% e incrementarlo de forma progresiva. Tarija plantea un mecanismo gradual y su gobernadora, María René Soruco, habló incluso de retroceso.

Hay algo peor que la cifra. Según Soruco, la propuesta traslada a las gobernaciones el crecimiento vegetativo de los ítems de salud, una obligación que corresponde al nivel central. Se ofrece una migaja y se cobra con una carga permanente, condicionando el ejercicio de la autonomía y desconociendo la razón de ser del modelo que implementó la Constitución desde 2009.

Por otro lado, el viceministro de Autonomías sostiene que el 1% no crea recursos nuevos, sino que redistribuye lo recaudado, y que debe........

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