«Ustedes me llaman Maestro y Señor; y tienen razón, porque lo soy» (Juan 13, 13).

Según la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), existen 16 empresas estatales —incluyendo BoA— que trabajan a pérdida y registran déficits acumulados por 2.655 millones de bolivianos, con un patrimonio negativo de 1.901 millones de bolivianos. De 67 empresas estatales, solo tres generan ganancias: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB, con sus combustibles sucios), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y COMIBOL (minería).

El Código Penal de Bolivia, en su artículo 224 sobre Conducta Antieconómica, estipula: “La servidora, servidor, empleada o empleado público que, hallándose en el ejercicio de cargos directivos o de similar responsabilidad en instituciones o entidades públicas o empresas estatales, por manifiesta mala administración o dirección técnica, cause daños al patrimonio de ellas o a los intereses económicos del Estado, será sancionada con privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años e inhabilitación”.

¿Acaso no debería aplicarse esta ley a todos los gobiernos del MAS y a todas las empresas estatales de Bolivia que han ocasionado estas pérdidas millonarias? Asimismo: ¿cuánto dinero han robado de forma directa al pueblo boliviano por la ineficiencia y la corrupción de funcionarios de los gobiernos nacionales, departamentales y municipales?

En vez de incurrir en conductas antieconómicas, deberían cumplir con el artículo 77 de la Constitución Política del Estado (CPE): “La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable........

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