Los ceutíes tienen motivos para sentirse abandonados. No porque España haya capitulado en el Magreb, sino porque quien debía encarnar la majestad del Estado prefirió gobernar la crisis por delegación, preservando con un celo casi piadoso la relación con Rabat mientras la frontera se deshacía. Pedro Sánchez convirtió el repliegue en una doctrina. La gravedad del envite exigía temple y obtuvo cautelas, no que Mohamed VI saliera indemne de cada comparecencia mientras Ceuta encajaba la embestida de una agresión que la Moncloa se obstinaba en edulcorar.

La paradoja estriba en que semejante deserción ha terminado acreditando la vigencia de aquello mismo que el presidente parecía haber puesto en almoneda. Ni el Estado se confunde con el Gobierno, ni el Gobierno ha logrado subsumirse en la voluntad de Sánchez. La peripecia ceutí ha revelado una resistencia institucional que acaso permanecía aletargada tras años de ocupación partidista de la esfera pública. El Ejecutivo ha podido minar los contrapesos, atosigarlos o erosionarlos, pero no ha conseguido abolirlos. Ceuta ha operado como un test de inmunidad.

El sanchismo había instaurado la superstición de que cualquier organismo desacorde con el libreto monclovense incurría en delito de insubordinación. Los jueces conspiraban si instruían; la prensa intoxicaba si informaba; los órganos de control se volvían sospechosos en cuanto rehusaban expedir la........

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