El pasado 3 de septiembre se cumplió el quinto aniversario de la entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Conocida como "Ley de apoyo a las personas con discapacidad". Esta norma ha supuesto una transformación profunda de nuestro Derecho civil y, más ampliamente, de la forma en que el ordenamiento contempla a la persona.

La reforma constituye, como señala su preámbulo, un hito en la adaptación del Derecho español a la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad. Su propósito esencial es garantizar que todas las personas puedan ejercer su capacidad jurídica en condiciones de igualdad. Para ello, el ordenamiento debe remover las barreras físicas, comunicativas, cognitivas, actitudinales y jurídicas que todavía limitan el ejercicio efectivo de sus derechos.

La persona en el centro

La nueva regulación se inspira en la dignidad de la persona, fundamento del orden político y de la paz social conforme al artículo 10 de la Constitución. Junto con ella, cobran especial relevancia la tutela de los derechos fundamentales, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona con discapacidad.

Las medidas de apoyo dejan de concebirse como instrumentos destinados a sustituir la voluntad y pasan a configurarse como medios para facilitar su formación, expresión y realización. Tales medidas han de responder siempre a los principios de necesidad y proporcionalidad: deben existir únicamente cuando sean precisas y alcanzar solo la intensidad requerida por las circunstancias concretas.

La Ley 8/2021 modificó la legislación procesal, la normativa del Registro Civil y la........

© El Confidencial