En general, el juego del Gobierno consiste en vestir de buena conciencia a la mala política. Por eso es tanto el uso de las grandes palabras y es tan constante el abuso de la moralina mientras el Tribunal Supremo se convierte en la pasarela del sanchismo. Este proceso de regularización da buena prueba de ello. Nos venden que es un acto de humanidad cuando, en realidad, es una forma de hipocresía.

Durante muchos años, hemos visto al poder político subrayando la necesidad de atajar la irregularidad. Como no han hecho nada más que acumular su fracaso debajo de la alfombra, deciden levantarla y monopolizar las buenas intenciones, a ver si cuela. De todos es sabido que el carné de buena persona sólo se obtiene aplaudiendo al presidente por ser extraordinario.

El sanchismo trata de normalizar la mentira al mismo ritmo en que procura normalizar el fracaso de su gestión. Intenta que lo habitual sea procesado por los españoles como lo normal. Pero no.

No es normal que el mensaje de "ya que están aquí" se convierta en el eje de la política migratoria de un país serio.

Y no. No es normal que en España reciba un premio quien se salta la ley y parezca un ingenuo el que la cumple, que salga más rentable saltarse las normas que respetarlas.

Una sociedad que no distingue entre quien respeta el derecho y quien lo vulnera, no puede ser una sociedad justa. Y cuando eso ocurre, cuando los límites de la Justicia se diluyen, la democracia sólo puede debilitarse. Se debilita porque se hace cínica, porque dejan de tener sentido los principios de esfuerzo y de respeto individuales y colectivos.

Por lo tanto, esta regularización, más que una medida de compasión, es otro síntoma de incompetencia. Es el reconocimiento de otro fracaso, es otra irresponsabilidad y es el anticipo de otro desorden.

Es hipócrita argumentar que este proceso no tendrá consecuencias, claro que las tendrá. Y claro que habrá "efecto llamada" porque lo repetido por los tertulianos sanchistas es muy distinto a lo que escuchan los traficantes de personas. Para ellos, para las mafias, la consigna a difundir llega con sonido envolvente: "Intentadlo, repetid, porque con Sánchez, tarde o temprano, habrá regularización".

Es irresponsable porque refleja improvisación y falta de planificación, porque está hecha en un despacho a espaldas de la realidad en los barrios, de la oposición y de nuestros socios europeos. Un país serio fija límites y establece garantías, busca el consenso dentro y genera confianza fuera. Un Gobierno irresponsable anuncia sin negociar en casa, hace propaganda sin informar al resto de países europeos y luego se pone a rezar a ver si llueve más dinero de Bruselas para seguir tapando los agujeros.

La inmigración ordenada puede fortalecernos y enriquecernos como sociedad; para que así sea, la integración ha de estar bien diseñada y bien gestionada. Sin embargo, una política desordenada puede debilitarnos; para que eso ocurra sólo hace falta que la integración se quede en un acto de fingimiento, sin hoja de ruta y sin recursos, con guetos, con miedo y con resentimiento.

Este proceso sella un divorcio entre el Gobierno y los barrios con más necesidades. Quizá llegue el momento en el que la izquierda deje de mirar por encima del hombro a quien se siente inseguro, a quien ve masificado el colegio de sus hijos, a quien se harta de esperar en el centro sanitario o ante el que ve deteriorarse las calles.

Quizá vuelva a recuperar la empatía algún día, mientras tanto, seguirán deteriorándose los servicios públicos y continuará creciendo la angustia identitaria que parasita la ultraderecha con un discurso que agita el malestar y al mismo tiempo lo necesita.

Ser progresista sin cimentar una buena gobernanza no es más que ser un progre. El buen gobierno no es un "ya nos arreglaremos". ¿Cómo nos las vamos a arreglar si no hay criterios exigentes, justos y seguros? ¿Cómo nos las vamos a arreglar sin un plan para que la administración de los servicios públicos esenciales pueda absorber las consecuencias sin deteriorarse? ¿Cómo nos la vamos a arreglar con un parche chapucero en lugar de con una política de Estado de largo recorrido?

¿Y quiénes nos las arreglaremos? Los funcionarios ya tienen sus oficinas desbordadas. Las comunidades autónomas ya están al límite. Los ayuntamientos ya no llegan a fin de mes. El Gobierno que generó esta situación traslada su responsabilidad, en forma de factura vivencial y material, a todos los demás y con penalización extra para las clases trabajadoras.

La crueldad, en la vida y en la política, es una forma extrema de irresponsabilidad. Y expresar una posición contraria a este proceso no es estar contra nadie, sino defender la responsabilidad. Y, en mi opinión, este proceso trenza tres formas distintas de crueldad.

Crueldad con los inmigrantes al generar expectativas que no podrán cumplirse sin consenso político ni respaldo económico.

Crueldad con quienes más se están esforzando para sacar a sus familias adelante porque así se les va a desproteger todavía más.

Y cruel con España porque el Gobierno no está pensando en el futuro del país, sino en el presente inmediato de Sánchez, en este presente que se acaba.

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