Es difícil explicar que más de 70.000 personas alcanzaran Ceuta a nado los días 30 y 31 de julio sin que el Estado español hiciera nada para evitarlo. No parece que existiera ninguna actividad diplomática, militar ni policial previa para impedir la entrada masiva de personas. Las explicaciones ofrecidas son insuficientes, poco creíbles y oscuras. Tanto es así, que, en el momento de escribir estas líneas, se desconoce el número exacto de inmigrantes que cruzaron la frontera y tampoco se sabe cuántos de ellos aún permanecen en territorio español, sus nacionalidades, identidades y edades.

Ni siquiera se conoce el número exacto de fallecidos: las autoridades españolas contabilizaron 83 cuerpos recuperados en el lado nacional, pero las organizaciones de derechos humanos consideran que el número total de víctimas es superior a las 140. La falta de transparencia nunca es positiva, porque abona el terreno para la proliferación de teorías conspiranoicas.

La Audiencia Nacional, con apoyo de la Fiscalía, ha abierto diligencias previas para depurar responsabilidades en la comisión de posibles delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, organización o grupo criminal, delitos que afectan a la paz o independencia del Estado y homicidios y lesiones por imprudencia grave.

El suceso de Ceuta es, probablemente, el más grave de los acaecidos en España en materia de inmigración. Aunque ha habido otros episodios como la crisis de Ceuta de 2021 (unas 10.000 personas) o la de los cayucos en Canarias en 2006 (31.678 llegadas a lo largo del año), nunca se había vivido un episodio transfronterizo en el que estuvieran implicadas tantas personas y en tan poco tiempo.

La eurodiputada del PSOE Iratxe García Pérez, presidenta del grupo Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo, reclamó que la UE mostrara con Ceuta la misma solidaridad que mostró con Italia durante la crisis de Lampedusa, criticando con ello la decisión de Meloni de prorrogar el control fronterizo de viajeros procedentes de España. Razón no le falta: cuando en 2023 entraron más de 12.000 personas en la isla italiana, Europa reaccionó apoyando a Italia y ahora este país ha optado por dar un trato diferente a quienes proceden de España sin una base sólida que lo ampare; lo que debe ser interpretado como una decisión política oportunista en clave interna de la presidenta italiana. De hecho, no hay evidencias de que los inmigrantes alojados en Ceuta estén alcanzando........

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