Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), la superficie de masa forestal arrasada en España en 2025 puede cifrarse en 295.580 hectáreas, dato que, a pesar de su pavorosa proporción, queda en un respetable segundo lugar cuando se compara con las casi 305.000 hectáreas quemadas en 2026.

A nivel coloquial, todos sabemos qué es el fuego. Su raíz etimológica deriva del latín “focus”, que significa hogar u hoguera. Si pensamos ahora qué es un “incendio forestal” parecería igualmente lógico y razonable colegir que es un término de común conocimiento por la mayoría de los mortales. Sin embargo, las verdaderas y graves consecuencias que se derivan de un incendio de gran extensión solo las conoce un colectivo muy especial, profesionales dotados de un valor excepcional: los bomberos forestales. Ellos saben mejor que nadie que el fuego precede en longevidad a la propia existencia humana y que durante milenios, ha hecho desaparecer civilizaciones enteras. La pregunta que me asalta, llegados a este punto es: ¿quién cuida de aquellos que se juegan el tipo cada vez que hay que sofocar un incendio de enorme envergadura? ¿Es nuestro ordenamiento jurídico suficientemente tuitivo respecto de este encomiable colectivo humano? En mi opinión, no. Más allá de los interesados y politizados debates sobre quién ha de responder del desaguisado que se deriva de un incendio de estas magnitudes, hay personas, con alma, con familia, con miedo, con equipos de extinción insuficientes cualitativa y cuantitativamente, con escasa formación, en muchos casos y con lamentables escenarios laborales. Por ello, considero que al margen de las turbias aguas de la confrontación partidista, el legislador español, a la vista de que los incendios de estas características son cada vez más frecuentes y devastadores, debe........

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