La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI para los amigos, acaba de enseñarle la puerta de salida de la presidencia de Indra a Ángel Escribano. Todo por indicación de Manuel de la Rocha, director de la Oficina de Asuntos Económicos del Gobierno y, por tanto, mano derecha de Pedro Sánchez para estas cosas de relacionarse con el Ibex 35.

Si han seguido este asunto desde el principio, se preguntarán probablemente cómo es posible que en Moncloa haya durado tan poco el enamoramiento con un directivo al que nombraron hace un año y dos meses y cuya gestión se ha visto premiada con una subida de la acción del 200%. Ya les advierto que la respuesta que puedo ofrecer les va a generar más dudas, especialmente sobre la gestión de la cosa pública en España, que certezas. Pero en algún momento teníamos que hacer honor al título de estas tribunas.

Todo empieza, que sepamos, en enero de 2025. La tarde del viernes 17, el Gobierno sacrificó ritualmente en Moncloa a Álvarez Pallete, entonces presidente de Telefónica, y puso en su lugar a un directivo de confianza, Marc Murtra, al que ya había ubicado en 2021 en la presidencia de Indra (primero sin funciones ejecutivas y luego con alguna).

Indra, que se encontraba entonces en el epicentro de un plan para convertirse en un campeón nacional del sector de la defensa mediante fusiones y adquisiciones de otras empresas del ramo, cuenta entre sus accionistas con la SEPI. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales depende del Ministerio de Hacienda, la preside Belén Gualda, nombrada por la ahora vicepresidenta primera María Jesús Montero, y dispone del 28% de Indra. Es decir, el Estado es el principal accionista y cliente de la compañía.

En el hueco que deja Murtra en la presidencia de Indra, De la Rocha coloca a Ángel Escribano. Escribano era entonces conocido por ser un empresario madrileño propietario, junto con su hermano Javier, de EM&E, una compañía de la industria militar de indudable éxito y, a su vez, accionista de Indra al 14,3%.

El plan, desde el principio, era que Indra continuase con el proceso de compras de compañías del sector, incluida EM&E. Pero esta vez con Escribano en la presidencia.

El conflicto de interés era evidente para cualquiera que tuviese dos dedos de frente: no solo la familia Escribano está a ambos lados de la operación —comprador y vendedor—, sino que las decisiones que tome Indra para adjudicar contratos o buscar socios para licitaciones públicas influyen decisivamente en la valoración de EM&E.

Esta empezó, por cierto, en la horquilla 1.000 millones / 1.500 millones, pasó a 1.500 M / 2.000 M y ahora ya vamos por más de 2.000 M. Nada mal para una empresa que se tasó en 2021 por 100 millones. Bien es cierto también que el caso de EM&E no es único. Todo el sector se ha beneficiado de una escalada similar de valoraciones, gracias a la lluvia de inversiones públicas que ha empezado a caer desde la invasión rusa de Ucrania. La nueva geopolítica os hará ricos.

Otra cuestión evidente desde el principio era que costear la operación con deuda sería complicado y que, si se optaba por la más factible financieramente, un intercambio de acciones de Indra por el 100% de EM&E, los Escribano se harían con una participación superior, o como mínimo igual, a la que tiene la SEPI en Indra. Y eso políticamente es difícil de justificar.

Cuando este periódico publicó el 5 de febrero que Moncloa había pedido a Escribano que se apartase de la presidencia para facilitar la adquisición de su empresa, el presidente de Indra reaccionó con un comunicado desmintiendo la información: "Quiero ser claro: nadie ha pedido mi dimisión ni hay ningún proceso en ese sentido", respondió a las preguntas de la agencia de noticias Bloomberg. El 18 de marzo por la mañana, toda la prensa económica y parte de la generalista aseguraba, citando fuentes del entorno del presidente (guiño guiño, codito codito), que Escribano no se resignaba a dimitir y que daría la batalla por permanecer en el puesto. Por la noche, la SEPI ponía el dedo en el gatillo.

Nadie sale bien parado aquí. Escribano ha demostrado que está dispuesto a mentir de forma flagrante en comunicados de prensa con potencial de mover el mercado. Seguramente por lo que él consideraba entonces, y considera, una buena causa. Pero curiosamente, lo que afirmó el día 5 a los medios —que nadie había pedido su dimisión— no lo repitió en el hecho relevante que envió a la CNMV. Solo eso ya debería haber hecho enarcar alguna ceja.

Pero si me apuran, el señor Escribano es un empresario privado que se juega sus cuartos. A mí me preocupa más el que se juega los míos sin ningún tipo de explicación pública. Y supera el umbral del despropósito el nivel de improvisación y falta de planificación que desprende Moncloa en un asunto donde hay en juego miles de millones de euros del contribuyente y la seguridad nacional.

Hace solo un año y dos meses que De la Rocha puso a Escribano en la presidencia de Indra con el plan de comprar EM&E. Nada de lo fundamental para cuestionar la operación ha cambiado. Los argumentos en contra (y a favor) que se intuyen en marzo de 2026 —porque nadie ha explicado nada— son los mismos que afloraban a simple vista en enero de 2025.

Pero es ahora cuando De la Rocha ha decidido que Escribano no puede ser presidente de Indra y comprar EM&E. Solo uno de los dos De la Rocha puede estar en lo cierto. Probablemente sea el de marzo de 2026. Si yo fuese él, le pediría cuentas al de enero de 2025, pero eso equivaldría a pedirse cuentas a sí mismo. Y eso es otro conflicto de interés de manual.

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