Pedro Sánchez ha destruido el Estado de derecho. Ese es el balance real de su gestión. Termina el curso con unos catastróficos incendios forestales, peores que los del año pasado; retirando un manoseado real decreto ley de vivienda, cuya accesibilidad, sea en propiedad o en alquiler, es ya un problema trágico para varias generaciones y que él y su Gobierno no han resuelto en sus ocho años de pésima gestión; con el rechazo del Congreso (¿cuántos van?) a la senda de estabilidad como trámite necesario para la confección de unos Presupuestos Generales del Estado, lo que adelanta, sin duda, que esta será una legislatura sin cuentas públicas, cuatro ejercicios, cuatro, lo que constituye un hito en la destrucción de una democracia liberal como era la española y, por fin, con casos de corrupción que le afectan personal y políticamente.

Listemos los procedimientos judiciales, todos ellos sorteados en el balance de ayer en la Moncloa, bien por omisión, bien por exculpación: su fiscal general condenado por revelación de secretos; su hermano, por cooperación necesaria en una prevaricación administrativa; su mujer, procesada por los delitos de tráfico de influencias y malversación; su exsecretario de organización en el PSOE y exministro, José Luis Ábalos, condenado por varios ilícitos penales —todos vinculados a la corrupción—; su sucesor, Santos Cerdán, imputado, al igual que la presidenta de la SEPI (y 24 personas más) y la directora general de la Guardia Civil y su Director........

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