Pedro Sánchez regresó derrotado de sus vacaciones en La Mareta. Supo de inmediato que la crisis de Ceuta (la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio) se le había ido de las manos. Y que, además, los socios europeos se la reprochaban ajustando cuentas por su unilateral regularización extraordinaria, que se cerró el 30 de junio con más de un millón de solicitudes. En septiembre (el día 7), y después de que el Gobierno declarase allí la situación de interés para la seguridad nacional (el 25 de agosto), tarde y mal, la Audiencia Nacional abrió un procedimiento judicial para investigar los delitos que se pudieron cometer a propósito de la invasión de la ciudad autónoma. A partir de la decisión de la juez María Tardón, se sucedieron otros reveses. Con rara unanimidad, la clase política, los medios de comunicación y la conversación pública se preguntaban por qué Sánchez excusaba reiteradamente a Marruecos de cualquier participación en la avalancha sobre Ceuta. El pleno del Congreso sobre la crisis (el 3 de septiembre) le fue mal, muy mal, al secretario general del PSOE: ningún grupo parlamentario, ni Bildu, le secundó.

Casi al mismo tiempo (el 8 de septiembre), la Sala Tercera del Supremo suspendió cautelarmente los efectos censales de la llamada 'ley de nietos', y la Junta Electoral Central está ya haciendo su trabajo para conjurar la dura opinión del Tribunal: riesgo de engordar el censo mediante una instrucción administrativa (de 25 de octubre de 2022) de la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes. En esas mismas fechas, el presidente del Gobierno tuvo que asumir la imposibilidad de presentar en plazo (y, seguramente, también en cualquier otro momento) los Presupuestos Generales del Estado para 2027, un plazo que vencía el 30 de septiembre. Por primera vez en una democracia parlamentaria occidental, un Gobierno no llevaba las cuentas públicas al Parlamento en ninguno de los ejercicios de una legislatura. Sin Presupuestos, los gobiernos caen en las democracias occidentales y, de no producirse la renuncia y elecciones, pierden la legitimidad de ejercicio. Es el caso de Sánchez, presidente investido por el Congreso con cuya confianza no cuenta. Para entonces, en la Moncloa ya se sabía que el Tribunal Constitucional dictaría en diciembre una sentencia favorable al Senado en el conflicto de atribuciones que este planteó (el 23 de diciembre de 2025) y dejaría nítida la interpretación del artículo 134 de la Constitución: los Presupuestos, sí o sí, tiene que presentarlos el Gobierno; cosa distinta es que no haya previsión constitucional expresa para el caso de que sean devueltos por el Congreso o rechazados.

Sánchez intentó remontar con su asistencia al debate general del inicio del nuevo período de sesiones de la Asamblea General de la ONU (el 23 de septiembre). No lo logró. Su discurso en el plenario no fue atendido por la mayoría de las delegaciones, que abandonaron la sala no por hostilidad, sino por falta de interés. El viaje no levantó cabeza ni con su visita al alcalde 'progresista' de la ciudad, Zohran Mamdani, y empeoró gravemente para el socialista cuando en Harvard (el 24 de septiembre) los estudiantes le preguntaron educada........

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