Ángel Escribano fue un error de la Moncloa. Nunca debió acceder a la presidencia de Indra un gestor propietario de una empresa del mismo sector (EM&E), sin preparación técnica ni experiencia en el manejo de grandes compañías, en unas circunstancias críticas para la industria de la defensa (en plena guerra de Rusia contra Ucrania y con el conflicto de Gaza en llamas y con un Trump en la presidencia de los Estados Unidos) y con un 14% de las acciones de la compañía en que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) era, y es, el accionista mayoritario con el 28% del capital.

Escribano debió preguntarse por qué y para qué Sánchez, a través del jefe de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, le franqueó la presidencia de la compañía en sustitución de Marc Murtra, que pasó a presidir Telefónica, en una empresa estratégica llamada a constituirse en la campeona del sector en nuestro país. Nada le acreditaba para alcanzar ese nivel, ni siquiera el éxito de su mercantil familiar debido en muy buena medida a un tratamiento privilegiado en la adjudicación de contratos por el Gobierno que le apadrinaba. Tampoco se explica, salvo desde la constatación de la falta de idoneidad profesional del personaje, que plantease en unos términos inaceptables la adquisición de su empresa familiar por Indra bajo su presidencia, incurriendo en un endiablado e ilegal conflicto de intereses que la SEPI no cortó en seco ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores impidió desde el primer instante en que se planteó.

Error de la Moncloa que se fusionó con el del propio Escribano, afectado del mal de altura, representando una escandalosa equivocación de la que son responsables ambas partes. Cuando Sánchez reparó en la autonomía incontrolable de Escribano, que llevó a Indra a una capitalización bursátil superior a los 10.000 millones, gracias, entre otras razones de menor cuantía, a los contratos del Estado, era tarde. Porque el de Coslada llegó a creerse, pésimo cálculo, que podía enfrentarse a la Moncloa con una munición que no era suya y, sobre todo, creyendo que él, por sí mismo, se había ganado el puesto. Y una posible fortuna al valorar su empresa, a efectos de la venta, en una horquilla de entre 1.500 y 2.000 millones.

Lo que ha ocurrido en Indra ha sido un disparate. Que se ha saldado con la renuncia de Escribano a la presidencia de la empresa un desmovilizado Miércoles Santo con un consejo extraordinario que pilló a muchos de los consejeros de vacaciones -algunos fuera de España- para reducir el alcance del acontecimiento empresarial que ha sido un revolcón para el Gobierno y la SEPI y un derrumbe personal y profesional de Escribano.

Desde que El Confidencial desvelase (lean aquí las crónicas de Agustín Marco y de Alberto Sanz) lo que estaba ocurriendo en Indra, hace ya meses, y no sin que mediasen falsos desmentidos y comportamientos inaceptables hacia este periódico, la empresa ha perdido casi el 25% de su valor en Bolsa (error muy costoso el de este episodio) y se han producido informaciones cruzadas que han falseado la realidad del conflicto en el que el Gobierno y Escribano, con la colaboración uno y otro de personajes con serias responsabilidades, han protagonizado un caso indigno de su sistema empresarial serio, solvente y regido por un modelo de gestión profesional.

Llama la atención que, mientras en la comunidad empresarial pareció interiorizarse el doble error de Escribano en Indra con una naturalidad desconcertante, hayan sido algunos medios, singularmente este, y algunas organizaciones, como la Fundación Hay Derecho, las únicas instancias que alertaban de los despropósitos de un conflicto de intereses, de las actitudes despóticas del ya expresidente de Indra, de la inacción de la SEPI y de la CNMV y de la usurpación de las funciones del consejo de administración por la oficina económica bajo la responsabilidad de Manuel de la Rocha en la Moncloa, un secretario de Estado al que no le correspondían (tampoco en el caso del fulminante cese de Álvarez-Pallete al frente de Telefónica) unas funciones que debieron residenciarse siempre en la SEPI y en los órganos de gobierno de la compañía.

Queda mucha historia por contar en este asunto: a cambio de qué, si ha habido trueque, Escribano ha entregado la presidencia; quien le sustituirá (podría ser Ángel Simón, que fuera CEO de Criteria, aunque no fue propuesto ayer en el consejo); qué ocurrirá con la empresa de Ángel y Javier Escribano (EM&E); cómo reaccionará la competencia (Santa Bárbara, controlada por General Dynamics) y cómo discurrirá la cotización de Indra en el mercado bursátil.

Queda en todo caso la evidencia de que se ha patrimonializado una compañía con el 28% de capital público, estratégica para nuestro país, llamada a desempeñar un importante papel en el sector pujante de la tecnología de la defensa. Y una coda inevitable: el valedor de Escribano, frente a la sensatez de Sociedad Anónima Placencia de las Armas (SAPA) accionista de Indra con un 7,94%, que siempre se ha opuesto a los manejos del expresidente, ha sido el presidente de Prisa (editora de El País, Cinco Días y la SER), Joseph Oughourlian (el fondo Amber tiene el 7,23 de Indra) que es perdedor en este envite con las consecuencias políticas y empresariales que de esa posición derrotada pueden derivarse.

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