Carlo M. Cipolla, en su conocida teoría sobre la estupidez humana, formuló cinco ideas tan incómodas como útiles. Primera: siempre subestimamos el número de personas estúpidas que hay en circulación. Segunda: la probabilidad de que una persona sea estúpida es independiente de cualquier otra característica: formación, renta, ideología o posición social. Tercera: una persona estúpida es aquella que causa daño a otros sin obtener beneficio para sí misma, e incluso perjudicándose también. Cuarta: las personas no estúpidas subestiman siempre el poder destructivo de la estupidez. Y quinta: la persona estúpida es más peligrosa que la malvada, porque mientras el malvado suele actuar con una lógica de beneficio propio, el estúpido destruye valor sin entender siquiera el mecanismo de destrucción.

La teoría de Cipolla no sirve solo para explicar comportamientos individuales. También ayuda a entender determinadas políticas públicas. Especialmente aquellas que, bajo la apariencia de proteger a un colectivo, terminan perjudicándolo. Y eso es exactamente lo que ocurre con el RD Mari y el RD Carmen.

El texto se presenta como una respuesta a la emergencia habitacional. Sin embargo, buena parte de sus medidas parten de una premisa equivocada: pensar que la vivienda se puede hacer más accesible aumentando la presión sobre quienes la poseen, la alquilan, la financian o la promueven. El resultado es justo el contrario del anunciado. Si alquilar una vivienda se convierte en una actividad jurídicamente insegura, fiscalmente penalizada, contractualmente intervenida y patrimonialmente incierta,........

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