El marco de la corrupción política en España está perfectamente trazado; más allá de las particularidades de cada caso, sus rasgos definitorios se reproducen indefinidamente. Pueden cambiar algunos árboles, pero el bosque presenta siempre el mismo aspecto.

La inmensa mayoría de los casos se relaciona con la adjudicación de concursos públicos de obras o servicios. Las Administraciones Públicas son, con mucha distancia, el mayor contratista del país; y sus procedimientos de contratación manifiestamente mejorables, tanto por el lado de la eficiencia como por el de la transparencia y la limpieza. Así llevamos medio siglo sin que ningún gobierno haya hecho algo sustantivo para corregirlo.

Hay tres personajes que siempre se repiten. Una empresa -o conglomerado empresarial- dispuesta a pagar por obtener tratos de favor en la contratación pública: el Corruptor. Un intermediario que se atribuye la capacidad de influir decisivamente en las adjudicación de los contratos: el Conseguidor. Y un responsable político que posee la autoridad y la voluntad de regalar a conveniencia la chochona de la tómbola, subvirtiendo los criterios objetivos de la ley: el Corrupto.

En ese recorrido circulan cantidades millonarias en favores y comisiones. Para algunas empresas, los concursos públicos ganados son la parte del león de su cuenta de resultados y las comisiones que entregan resultan más que rentables. El conseguidor eficaz siempre se lleva su parte del botín, que puede llegar a constituir un muy confortable modus vivendi. Y el político que amaña el contrato a veces se enriquece personalmente, otras contribuye a la financiación de su partido y eso se premia, las empresas beneficiarias le deben favores para el futuro y, sobre todo, dispone de información delicada para un caso de apuro. Todos ganan, excepto el interés público.

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