David Mejía, en una de sus columnas en El Mundo, encuentra el adjetivo justo ("desaliñada") para calificar la instrucción del juez Peinado en el caso de Begoña Gómez. A continuación, acierta de lleno señalando que si hay alguien que no puede ni debe pronunciarse públicamente en esos términos -ni sobre ese sumario ni sobre ningún otro que esté tramitándose en un juzgado español-, ese alguien es precisamente el ministro de Justicia.

El Gobierno de Sánchez tiene una visión muy errada y siempre ventajista y tramposa sobre su propio papel y el de los demás en el entramado de una democracia parlamentaria; tiende a interpretar el reglamento a su favor, cuando no a ignorarlo olímpicamente; aplica la ley del embudo con desenvuelta soltura de cuerpo; y padece una peligrosa pulsión expansiva sobre los límites de su propio poder. Nada que no pueda decirse de cualquier otro gobierno populista, son rasgos de la especie.

El Ministerio de Justicia es el segundo más antiguo de España después del de Asuntos Exteriores. Su misión está grabada a fuego en la Constitución y en varios siglos de historia. Es el encargado de proveer a la Administración de Justicia de los elementos materiales y personales necesarios para su funcionamiento y, a la vez (y sobre todo), asegurar una relación fluida del poder ejecutivo con el judicial dentro del estricto respeto recíproco a sus competencias respectivas, además de actuar a modo de asesor jurídico del Gobierno para asegurar la pulcritud de sus iniciativas legislativas.

Este presidente tuvo la ocurrencia de fusionarlo con el de Relaciones con las Cortes. De modo que el actual titular de ese departamento, sin tener el rango formal de vicepresidente, ostenta de hecho un poder equivalente o superior al de cualquiera de ellos. En sus manos está la supervisión de la actividad normativa del Gobierno y, además, la relación de este con los otros dos poderes del Estado, el Judicial y el Legislativo.

El ministro de Transportes no tiene por qué ser ingeniero ni el de Sanidad médico, ni diplomático el de Exteriores; es más, frecuentemente es preferible que no lo sean. Pero la razón y la tradición exigen que el titular de Justicia sea un jurista y actúe como tal. No como Óscar Puente, sino uno de verdad. Uno que sepa de leyes y comprenda, por ejemplo, por qué precisamente él carece de libertad de expresión para ejercer como juez de jueces y dedicarse a comentar públicamente, a favor o en contra, las resoluciones judiciales. Especialmente, si afectan a procedimientos en los que está políticamente implicado el propio Gobierno.

Sin embargo, este Gobierno, con su presidente y su ministro de Justicia al frente, tiene por costumbre tomar partido de forma beligerante en todos y cada uno de los litigios que le afectan; y no a través de la Abogacía del Estado (que ha degenerado en un bufete gubernativo gratuito), sino en todas las tribunas públicas que se le ofrecen: desde los mítines partidarios a la tribuna del Parlamento o la sala de prensa del Consejo de Ministros.

Ese es un ejemplo de libro -uno más entre muchísimos- de desaliño institucional, mucho más grave que el supuesto desaliño procedimental del juez Peinado, que es algo que no corresponde juzgar al señor Bolaños. La forma regimental en que el Gobierno y los partidos que lo soportan se han encolumnado tras la esposa de Pedro Sánchez contiene, en sí misma, un acta de acusación.

El desaliño institucional como hábito es altamente perjudicial para la salud del sistema. Pero mucho peor es el desacato constitucional. Y este Gobierno, que habita cotidianamente en el primero, ha cometido ya varias veces el segundo y muestra síntomas de estar preparándose para uno bien gordo, uno que nos lleve a las próximas elecciones generales en una situación límite.

Mal está que los ministros Bolaños, Saiz y Puente, siguiendo obviamente un guion preestablecido, dediquen íntegramente una rueda de prensa oficial a denigrar a un juez por un auto emitido en el cumplimiento de su función jurisdiccional. Pero en esa soflama a tres voces se dijeron cosas que van mucho más allá de embestir contra un juez singular.

Se habló de "causas judiciales (en plural) que pretenden violentar la acción política de representantes elegidos democráticamente". Traducción: los jueces operan contra la democracia. Esa es idea explosiva que explicitó el siempre lenguaraz Óscar Puente: "Decisiones judiciales que debilitan la democracia".

Se proclamó oficialmente (puesto que se trataba de un acto oficial) la inocencia de Begoña Gómez como un hecho indiscutible. Eso, antes de que siquiera haya comenzado el juicio oral. Lo que, conectado con lo anterior, supone afirmar que cualquier resolución judicial que cuestione la inocencia de la señora del presidente será una acción destinada a violentar la representación popular y debilitar la democracia. Vaya, lo que viene siendo una intentona golpista por parte del estamento judicial a cuento de los supuestos manejos de doña Begoña.

El ilustre jurisconsulto Óscar Puente exhibió como gran mérito el haberse leído los 39 folios del auto del juez Peinado. Tan intenso esfuerzo de lectura (¡39 folios, nada menos!) le bastó para asegurar que en él "queda cuestionada la apariencia de imparcialidad" y acusar al juez de "actuar en función del color político del justiciable". Precisamente Puente, siempre tan escrupuloso con la apariencia de imparcialidad y con el color político de unos y otros.

No estamos hablando de un calentón momentáneo inducido por la pulsión servil hacia el jefe y la señora del jefe, que ya sería grave. Todo esto huele a una estrategia preventiva de ataque/defensa elaborada para desplegarse en toda su intensidad si se agrava la situación del Gobierno en el frente judicial. Se está preparando el terreno para, llegado el momento, denunciar formalmente un golpe de Estado organizado por la cúpula judicial con el fin de derribar un Gobierno democrático. No será la primera vez que Sánchez se inspira en el kirchnerismo.

Desaliño institucional es legislar con los pies, usar los organismos oficiales como instrumentos del agitprop o nombrar y desnombrar presidentes de empresas privadas citándolos en la Moncloa. Desacato constitucional es transcurrir una legislatura entera sin presentar un presupuesto o permitir que los delincuentes redacten su propia amnistía.

Ahora hablamos de algo que va aún más lejos: se trata de provocar un enfrentamiento irreductible entre los poderes del Estado, de tal forma que la victoria de uno suponga necesariamente la rendición del otro. Y hacerlo en vísperas de unas elecciones generales que, entonces sí, resultarían materialmente destituyentes.

De violar el reglamento a revocarlo por la vía de hecho, apelando a la defensa de la democracia. Un truco que no por repetido deja de resultar efectivo cuando se hace a la desesperada.

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