Si usted es nieto o bisnieto de un español que se largó de su país y vive en la otra punta del mundo, sepa que en la tierra de su ancestro se está jugando una sucia partida política utilizándolo a usted como combustible.

Se ha abierto a lo bestia el melón de la limpieza de las próximas elecciones generales. En un lado de la trinchera se da como indiscutible que el Gobierno dará un pucherazo a través de la llamada "ley de nietos"; en el otro lado se acusa a los jueces de conspirar para derribar al Gobierno.

Estoy entre quienes defienden que en España es materialmente imposible dar un pucherazo electoral. Al menos, en lo que se refiere al escrutinio de los votos. Lo que sí es posible -a la vista está- es extender un clima pringoso de desconfianza sobre su limpieza. En este caso sobre uno de sus fundamentos, el censo. Si el censo está contaminado -o simplemente, si se sospecha fundadamente que podría estarlo-, se derrumba el crédito de la elección entera.

Siempre fue materia conflictiva el voto de los españoles que residen en el extranjero y forman el CERA (Censo de Residentes Ausentes). Durante años se les incorporaba automáticamente como electores. Entonces alcanzaron buenas cifras de participación, en torno al 30%. Los grandes partidos hacían campañas intensas en los países iberoamericanos y nunca faltaba el viaje electoral de los líderes a Buenos Aires.

En 2010, los dos grandes partidos pactaron cargarse ese sistema que les molestaba y establecieron el "voto rogado", un procedimiento burocrático perversamente disuasorio. La participación en el CERA se desplomó a cifras ridículas, inferiores al 5%. En 2022 se eliminó el voto rogado y la participación pasó de ridícula a mínima. En todo caso, jamás el voto exterior ha decidido unas elecciones en España. Tampoco lo hará en 2027.

La bronca actual parte de otro sitio que, aparentemente, tenía una relación sólo lateral con las elecciones (ahora sabemos que siempre fue sobre ellas). La fundación Hay Derecho........

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