Ha pasado un mes desde la tragedia de Adamuz que dejó 45 muertos y cientos de heridos. Desde el primer momento se ha querido averiguar la causa del descarrilamiento del tren y subsiguiente choque frontal con otro y, también muy pronto, se señaló que la causa podía estar en una rotura de una vía mal soldada que habría dado lugar al accidente.

Según avanzan los días, aparecen más datos que se suman al mentado defecto de la soldadura de la vía. También se quiso apuntar al peso del tren, y últimamente se dice que Adif llevaba dos años sin hacer la revisión electrónica de la vía de alta velocidad, pues terminó la contrata de la empresa encargada de ese trabajo y no se renovó, por lo que se dejó de hacer esa comprobación preventiva. Habrá que saber quién decidió que fuera así, pero es seguro que ninguno de esos factores, y otros más (soldadura, peso, revisión, control, decisión sobre inversiones y gasto, etc.) es individualizable como causa de la tragedia.

La sociedad, evidentemente, no puede admitir que, a falta de una causa concreta, a la postre, no responda nadie. La reacción (previsible) que denuncia la "inutilidad de las leyes", es humanamente comprensible y, sobre todo, de una indiscutible importancia política. Es cierto que siempre habrá la responsabilidad de la Administración (art. 32 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público). Pero la ciudadanía demanda, además de eso, responsabilidades personales e institucionales. La técnica jurídico-penal tiene respuestas teóricas sobre las condiciones que se han de reunir para apreciar una imprudencia punible, pero esa técnica topa con dificultades para alcanzar la totalidad del drama e imputarlo a personas concretas. Con ello no quiero decir, en modo alguno, que el derecho no tenga nada que decir.

Apuntar a un hecho (cuál puede ser la rotura del raíl) como causa inmediata de lo que pasó no sirve para mucho en orden a determinar la responsabilidad jurídica personal, o corporativa, y, en su caso, penal........

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