Contratación pública de defensa: el dinero ya está, falta el cauce jurídico
I. Muchos fondos, poco caudal: reglas pensadas para tiempos tranquilos
Europa ha despertado de un largo letargo y toca correr para rearmarse. El plan ReArmar Europa–Preparación 2030, presentado por la Comisión Europea el 19 de marzo de 2025 junto con el Libro Blanco para la Defensa Europea, moviliza hasta 800.000 millones de euros. A ello se suma el Reglamento (UE) 2025/1106 (SAFE), que habilita un mecanismo financiero de hasta 150.000 millones de euros para adquisiciones conjuntas, así como el Fondo Europeo de Defensa.
España no ha sido ajena a este impulso. El Gobierno adelantó el compromiso de alcanzar el 2% del PIB en seguridad y defensa, lo que supone un incremento de unos 10.471 millones de euros, y el Consejo de Ministros aprobó el 22 de abril de 2025 el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, con un impacto económico estimado de entre el 0,4% y el 0,7% del PIB a corto plazo y la creación de más de 96.000 empleos directos e indirectos.
La voluntad política y los recursos económicos no bastan: deben concretarse en contratos. La contratación se convierte así en el principal obstáculo para ejecutar los planes. Nuestro marco —la Ley 24/2011, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad (LCSD), la Ley 9/2017 (LCSP) y la excepción del artículo 346 del TFUE— fue concebido para un contexto de estabilidad que ya no existe. La rigidez de las actuaciones preparatorias, el recurso sistemático al procedimiento abierto, la dificultad de modificar contratos ante la evolución tecnológica, un sistema de revisión de precios poco apto para contratos largos en entornos inflacionarios y la tiranía del principio de anualidad presupuestaria —agravada por la prórroga de unos Presupuestos Generales del Estado que datan de 2023— frenan la ejecución.
Alemania y Francia han construido un régimen propio para la contratación de defensa;........
