La justicia estadounidense pone precio al delito corporativo: ¿y en España?
El Justice Manual de EEUU separa la responsabilidad de la empresa y la de sus directivos: ordena evaluar la de las personas por separado y prohíbe que un acuerdo corporativo las proteja, salvo excepciones como la clemencia antitrust. La política del Departamento de Justicia (DOJ) de marzo de 2026 exige, para el crédito pleno, entregar los hechos sobre todos los implicados.
Sin embargo, a julio de 2026, el DOJ había resuelto Alibaba, EagleBank y Abbott sin acusar a las empresas ni, según se ha publicado, a los directivos que sus propios fiscales creían implicados. Alibaba aceptó pagar 325 millones de dólares en un acuerdo que dejaba abierta la persecución de personas físicas, sin que entonces constaran cargos individuales. Hay excepciones -Campus Eye, declinación para la empresa, siete cargos para su fundador-, pero el antecedente pesa. Según Garrett, entre 2001 y 2014 solo el 34% de los acuerdos corporativos federales de persecución diferida (DPA) y de no persecución (NPA) estuvieron acompañados de acusaciones individuales. La paradoja no es la ausencia de persecución personal, sino la distancia entre esa prioridad declarada y los resultados. Mi hipótesis: lo negociado entre la empresa y el DOJ debilita o desplaza la persecución individual. Prima el contractualismo.
¿Por qué? Los acuerdos no lo explican, pero aprecio tres razones. La estructura: el........
