La reciente invasión de Ceuta ha planteado muchas cuestiones sobre la gestión de las fronteras. España ha sufrido una crisis de seguridad fronteriza que puede afectar a su integridad territorial. El territorio de un Estado forma parte de la identidad nacional de un pueblo y Estado. El territorio de soberanía merece el respeto de otros Estados y de sus nacionales. Defender la seguridad del Estado haciendo respetar sus fronteras y su cruce en forma legal es responsabilidad genuina de un gobierno nacional —democrático o no— con todos los medios. Esto es así, siempre y en todo lugar.

En los pasos fronterizos y fronteras de España se aplica la normativa común a los 27 en la UE (más Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza). No podemos dejar entrar ni permanecer a nacionales ajenos a la UE si no reúnen las condiciones establecidas en el Reglamento 2016/399 (Código de Fronteras Schengen, con reformas posteriores en texto consolidado); y si les dejamos entrar —como en la discutible por desleal regularización de 2026 con la UE— es porque llevamos años sin aplicar las normas obligatorias de denegación de entrada para los irregulares —en más de millón y medio de infracciones— y sin aplicar la consiguiente expulsión prevista en la Directiva de retorno de 2008. Hace tiempo puse de relieve el europeísmo de pacotilla de los dos grandes partidos que han hecho de España el mayor infractor persistente del derecho de la UE.

Ese Código de Fronteras prevé, de entrada, que en la UE (en España) solo se puede entrar por los pasos fronterizos autorizados; todo lo demás es ilegal y exige que todo paso ilícito tenga una sanción eficaz, proporcionada y disuasoria. España jamás aplica esa norma: es gratis violar las fronteras de España y el gobierno es refractario a aplicar las normas de la UE. Rebeldía y laxitud.

Prevé el Código, además, que en caso de afluencia masiva y violenta "los Estados miembros podrán adoptar las medidas necesarias para preservar la seguridad, la ley y el orden": nos recuerda que la integridad territorial la defiende cada Estado por sí mismo con todo el arsenal de medios de un Estado soberano como derecho inherente. En España son habituales las entradas masivas de 50, 100, 200, de 7.000 o de 80.000 personas. En esta última, para defender el territorio, no se utilizó la Ley de Seguridad Nacional ni el constitucional estado de alarma o el de excepción (lo que sí se hizo por una simple huelga de los controladores aéreos), ni se adoptaron acciones expeditivas de embolsamiento de los invasores y expulsión masiva total.

El mismo precepto del Código de Fronteras (art. 5) prevé lo que ha hecho Marruecos: "En una situación de instrumentalización de los migrantes" prevé que el Estado miembro puede y debe cerrar el paso fronterizo y el conjunto de su frontera. Todos vimos cómo nadie lo cerró ni cercó; entraron cientos a nado, luego decenas de miles en tropel durante varios días sin que la autoridad nacional cerrara la valla terrestre ni ocupara militarmente nuestro espacio adyacente a la valla y playa, sin dejar resquicios para que el invasor ocupara en Ceuta.

Y la normativa de fronteras de la UE deja claro que quien no tiene derecho a entrar y ha entrado debe ser devuelto. ¿Qué es lo que........

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