El mutismo del delegado del Gobierno en Ceuta desde que dimitió su jefe de Gabinete —o fue cesado, porque las versiones son contrarias— obliga a preguntarse si calla siguiendo órdenes políticas, si lo hace por la investigación judicial o si concurren ambas razones. Me inclino por la última: no solo su abogado le ha podido recomendar silencio, sino que alguien se lo ha impuesto desde Madrid.

Desde la avalancha del 30 y 31 de julio, las comparecencias públicas de Miguel Ángel Pérez Triano fueron constantes. Más frecuentes los primeros días, hasta el 10 de septiembre podemos decir que, de media, hablaba de forma abierta dos veces a la semana, entre ruedas de prensa y entrevistas. Al repasarlas, una cosa parece evidente: el delegado del Gobierno en Ceuta no es de los que deciden por libre, sin consultar con sus superiores.

"Actuamos desde el primer minuto como teníamos que actuar, que es elevar a los ministerios competentes la situación", aseguró en su comparecencia del 9 de septiembre. "Es lo único que podemos hacer, no tenemos más competencias", añadió. Quizás hemos achacado a Pérez Triano demasiado deprisa una posible negligencia cuando, en realidad, esa negligencia venía de más arriba. ¿De quién depende la Delegación del........

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